“Los gobiernos mayormente transparentes son los más legitimados”, expresó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA), César Octavio López Rodríguez, con respecto a los argumentos con los que Alberto Solís Farías justificó la aprobación de las cuentas de gobierno y el rechazo de las del municipio capital, agregando que “entre más le quede claro a la ciudadanía el manejo de recursos que se te asignaron”, es más la confianza de la ciudadanía en la administración pública.
Entrevistado por La Jornada Aguascalientes para pedirle su opinión,
López Rodríguez manifestó que “la transparencia es necesaria en todos
los ámbitos”, pero es “primordial” en el manejo de los recursos y
afirmó que la propia ley de transparencia establece mecanismos que
garantizan que la información entregada por las dependencias sea real.
Indicó que la propia ley es una herramienta que “faculta al
Instituto, sobre todo, en los acuerdos de reserva”, para que
“verifique” si la información está encuadrada en la categoría que debe
estarlo y para interpretar la ley en los casos concretos que se
presenten.
No obstante, admitió que aún hay puntos débiles para que la garantía
de transparencia sea completa, identificándolos en que “nos hace falta
tener los archivos bien ordenados (…) impulsar la cultura de archivos”,
ya que la falta de síntesis, índices y catálogos dificulta encontrar la
información y por tanto entregarla adecuadamente al solicitante.
En ese sentido, afirmó, fue que el ITEA y la Comisión Estatal de
Archivos crearon en 2007 los lineamientos al respecto para clasificar
la información, aventajando incluso a la federación, pues a nivel
federal no existe una ley de archivos y a nivel estado “es una ley ya
muy antigua”, que tendrá que adecuarse a la actualidad.
El comité, que integran el instituto, las direcciones de archivo de
los tres poderes y las once alcaldías, se reunió para corregir esa
deficiencia en sus administraciones.
En segundo lugar, López Rodríguez señaló que existe un atraso en la
protección de datos personales, pues consideró que aunque la Ley de
Acceso a la Información del estado prevé este aspecto, es necesario
crear una específica para el mismo; “de hecho, ya hay una reforma
constitucional al artículo 16, en donde obliga a las dependencias a
proteger los datos personales”, lo mismo que al ciudadano a reaccionar
para que sus datos no circulen si su permiso, acotó.
En todos estos aspectos, finalizó, es que se encuentra trabajando el Instituto.
