Acuden ejidatarios defraudados a la Procuraduría Agraria para reclamar

En las primeras horas de la mañana un grupo de diez ejidatarios del municipio de San Francisco de los Romo, acudieron a las instalaciones de la Procuraduría Agraria en el municipio capital, para solicitar al delegado Alberto Orozco Moreno les aclarara la situación legal de sus tierras, ya que el día martes 19 de enero fue invadido un predio propiedad de Rafael Ruvalcaba Salazar, por personal de la urbanizadora Galgo y elementos de la dirección de seguridad pública del ayuntamiento de San Francisco de los Romo, a pesar de que la tierra no puede ser ocupada ya que está en conflicto debido a un presunto fraude cometido por Benjamín Ramírez Ibarra.
De acuerdo a las declaraciones del propio Ruvalcaba Salazar, en el contrato de compra-venta, Ramírez Ibarra se comprometió a pagar 2.5 millones de dólares en un plazo de un mes, cantidad que jamás fue liquidada, sin embargo el comprador vendió la propiedad a un tercero, presuntamente una persona de nombre Fernando Camarena, quien acompañado de la fuerza pública, irrumpió con maquinaria y gente para colocar una cerca de púas para impedir el acceso, argumentando haber adquirido el terreno de buena fe a Ramírez Ibarra.
“El encargado de despacho de seguridad pública de San Francisco de los Romo, Sergio López, se convirtió en juez en ese momento, actuó parcialmente dándole la razón a la otra parte, creemos que hubo un acuerdo previo allí, por eso el despliegue de fuerzas que se presentaron, de seis patrullas en contra de los ejidatarios… hicieron la ley tan expedita que en menos de dos horas, pusieron la cerca y empezaron a escarbar.
Los afectados manifiestan que el título de la propiedad fue obtenido con engaños por parte de Ramírez Ibarra, pues hizo firmar a los ejidatarios un poder para realizar los trámites correspondientes a la compra-venta, con el compromiso de que pagaría en tiempo y forma los montos fijados, situación que nunca ocurrió, pese a ello el presunto defraudador vendió los terrenos a la inmobiliaria Galgo, que pretende construir un complejo habitacional de 800 viviendas.
El representante de los ejidatarios, Rafael Herrera, comentó a La Jornada Aguascalientes, que la respuesta del delegado Orozco Moreno, que se comprometió a apoyarlos a fin de que se solucione favorablemente su asunto.
“Nos va a apoyar rotundamente en lo que estamos haciendo, ya dio instrucciones a sus abogados para que haga el análisis correspondiente, inclusive le pidió algunos documentos a los ejidatarios, certificados parcelarios, títulos de propiedad,  y dominio pleno de las tierras para darle seguimiento a la situación”.
Herrera señaló que el próximo martes se reunirán con el abogado de la Procuraduría Agraria, después de que haya analizado  la documentación, para dar paso a presentar las denuncias necesarias ante las instancias correspondientes, incluyendo la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB), la cual dijo de antemano ya está enterada del asunto, e incluso el defraudador ya se había comprometido ante esta instancia que iba a pagar a los ejidatarios, 10 mil pesos cada año.
Declaración que según los ejidatarios le valió comentarios negativos por parte de los funcionarios de SEGGOB que los recibieron por el ínfimo monto anual que sugirió pagar a cada afectado cuando la deuda asciende a más de 100 millones de pesos, “imagínese hicieron un cálculo, iba a tardar 170 años en pagar”.