APRO/Alejandro Gutiérrez
La crisis diplomática entre España y Marruecos tiene raíces profundas y no hay expectativas de alcanzar una solución en el corto plazo. En el episodio más reciente, multitud de jóvenes y niños, alentados por autoridades marroquíes, cruzaron a nado la frontera hasta la playa del Tarajal, en Ceuta, ciudad española del norte de África, el 18 de mayo.
Este hecho dejó al descubierto una red de intereses y desencuentros geopolíticos regionales y globales: se cruzan desde el deseo de Marruecos de tener el reconocimiento internacional de soberanía sobre el Sahara ocupado, el control de los flujos migratorios de África a Europa, el combate al yihadismo en el Sahel, el suministro de gas de Argelia a España o la triangulación de intereses geoestratégicos entre Marruecos, Estados Unidos e Israel.
Todo ello tuvo más sentido cuando se conoció que ese 18 de mayo unas 8 mil personas, principalmente marroquíes, cruzaron a nado hacia Ceuta, alentados por la policía de Marruecos. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que gestionan la seguridad fronteriza, enfrentaron una situación inusual. El gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a desplazar destacamentos del Ejército hasta el lugar para frenar ese flujo y mostrar fortaleza en la defensa de su territorio.
Pero el detonante de esta crisis ocurrió un mes antes. El 18 de abril un avión del gobierno argelino llegó al aeropuerto de Zaragoza y una ambulancia llevó a un misterioso pasajero al hospital. Argelia había pedido a España discreción para recibir al viajero, que llegó grave, aquejado de covid-19; lo hizo con pasaporte diplomático argelino, pero se registró en el hospital con un nombre falso.
Se trataba de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario (FP), declarado enemigo de Marruecos en la lucha por el control del Sahara Occidental. Desde hace años su organización ha sido respaldada y acogida en Argelia que, a su vez, rompió relaciones con Marruecos.
De hecho, Marruecos y el FP rompieron su tregua y entraron en una “guerra de posiciones”, con fuego real, desde el 13 de noviembre, cuando el ejército marroquí penetró en la zona de amortiguación de la ONU, cerca del puesto de Guergerat, en la frontera con Mauritania.
Los servicios secretos marroquíes pronto conocieron la presencia de Gali en España, y se produjo el reclamo de Rabat. El embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, fue convocado por el régimen alauí para mostrar su malestar y pedirle explicaciones. Madrid sostiene que lo hizo por razones humanitarias, a petición de Argelia.
En un comunicado, el ministro de Exteriores marroquí dijo que España no debía “minimizar el impacto grave” en las relaciones bilaterales que provocaba la decisión de acoger a Gali, de 71 años. Consideraron una “deslealtad” de España no haberles notificado oficialmente.
Dentro del gobierno de Sánchez hubo un choque de posiciones sobre el gesto de acoger a líder del FP. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, defendió y aprobó acogerlo “por razones humanitarias”, y es a quien se achaca una fallida gestión del suceso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se opuso terminantemente, advirtiendo sobre las “graves consecuencias” que traería esa decisión, que consideró “un error”. Lo decía como responsable de negociar con Marruecos la política de contención de los flujos migratorios de habitantes del África subsahariana y del Medio Oriente hacia Europa.
El Ministerio del Interior ha tenido que lidiar con el goteo permanente de migrantes que entraban principalmente por las Canarias.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, era partidaria de recibir a Gali siempre y cuando antes se pusiera sobre aviso a Marruecos. Sin embargo, una vez que estalló la crisis fue la más contundente con Rabat: “No vamos a aceptar chantajes; la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras (…) Con España no se juega”.
Para atender la emergencia, el 18 de mayo Pedro Sánchez canceló el viaje que tenía previsto a París para participar en una cumbre de financiamiento de África. En un mensaje institucional defendió “la integridad territorial de España, sus fronteras, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea, serán defendidas por el gobierno de España ante cualquier desafío y conjuntamente con nuestros socios europeos”.
España quedó así atrapada en un juego de intereses geopolíticos que crispó nuevamente su larga historia de sobresaltos con Marruecos.
La petición de atender a Gali que hizo Argelia no fue un hecho menor: el país norafricano suministra 60% del gas que se consume en España. Gracias al convenio con la empresa pública argelina Somatrach, este es de los pocos países europeos que no dependen del gas ruso.
A su vez, en Marruecos, tras convocar a consultas a su embajadora en España, Karima Benyaich, el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, fue crítico con el gobierno español. “Marruecos no acepta el doble lenguaje y las posiciones por parte de Madrid”, dijo.
Sahara, prioridad marroquí
El pasado 10 de diciembre, luego de su derrota electoral y a punto de abandonar la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una declaración reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.
El anuncio ignoraba diversas resoluciones internacionales sobre la antigua colonia española, que formalmente sigue bajo supervisión de un comité de la ONU, y que es el centro de la disputa entre Marruecos y el pueblo saharaui, liderado por el FP.
Marruecos negoció el respaldo de Trump durante dos años, aunque a cambio tenía que pagar un precio: convertirse en el cuarto país musulmán en normalizar sus relaciones con Israel, después de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.
En entrevista con Proceso, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, considera que con este “regalo envenenado” de Trump al reconocerle control del Sahara, “Marruecos se siente más fuerte de lo que ya se sentía, entendiendo que el respaldo estadunidense le permite acercarse a su propósito de tener el control total del Sahara ocupado”.
Rabat ha presionado para que el gobierno español reconozca su soberanía sobre ese territorio o, al menos, que ofrezca apoyo público, como ya lo ha hecho Francia. Pero sin éxito, porque el presidente Sánchez dijo en noviembre pasado que “el gobierno español y el Estado en su conjunto mantienen la centralidad de la ONU”, e hizo un reconocimiento al esfuerzo del secretario general de las Naciones Unidas en este conflicto olvidado.
El control y explotación del Sahara ocupado por Marruecos le reditúa enormes beneficios económicos. Por ejemplo, lo convierte en el principal exportador mundial de fosfatos y tiene enormes ganancias –incluidas de la Unión Europea– por la explotación pesquera de los ricos bancos saharauis en los casi mil kilómetros de costa atlántica. Ninguno de esos beneficios va a manos de los saharauis, sostiene el entrevistado.
Tener la soberanía de los más de 260 mil kilómetros cuadrados también le supondría potenciar su creciente peso geoestratégico en África, de cara a las potencias de Occidente. Al respecto, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, de Cataluña, advertía en un artículo bajo su firma (el 23 de mayo), que “Estados Unidos ve en Marruecos un posible freno a la influencia China en África”.
