- Insta Palomino a dar seguimiento y vigilancia a aplicación de los ingresos
- Además otorgarán a los municipios más pobres montos mayores por concepto de tenencia
Al aprobarse ayer las leyes de coordinación fiscal y de ingresos, así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, los legisladores afirmaron haber impuesto candados para que el ejercicio de los recursos no se haga con fines electorales ni de manera discrecional, como se proponía en la iniciativa de ley de ingresos enviada por el ejecutivo.
De acuerdo con el comparativo de la iniciativa de ley de ingresos presentado por el presidente de la comisión de vigilancia, Alberto Solís Farías, se modificó el artículo 24 que permitía al secretario de finanzas “implementar los programas necesarios de simplificación administrativa y de facilidades de pago que incentiven el cumplimiento fiscal y la regularización de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, así como el artículo 25, que facultaba a las entidades paraestatales y otros organismos para crear fideicomisos.
Con las modificaciones, esos organismos conservan dichas facultades pero quedan obligados a destinarlos a “fines de interés público que correspondan mediante erogación presupuestaria superveniente”.
En cuanto al artículo 34, que autorizaba al ejecutivo para emitir “los estímulos o subsidios fiscales que considere pertinentes en atención a las necesidades de la población de Aguascalientes mediante decreto y en apego al presupuesto de egresos vigente al momento de su emisión”, se obligó a ese poder a solicitar autorización del Congreso para llevar a cabo esas acciones.
Del artículo 35, se modificó la facultad del secretario de finanzas para efectuar descuentos del 10 al 100 por ciento en recargos y multas impuestas por la secretaría que encabeza y la de seguridad pública, para pueda hacerlo sólo por la Secretaría de Finanzas (Sefi); en este respecto, los legisladores reconocieron que pueden usarse estos beneficios con fines electorales en el proceso que acaba de iniciar.
Por otro lado, se aprobaron también por mayoría las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, se autorizó que los ayuntamientos reciban el 23 por ciento de la recaudación estatal por concepto de impuesto sobre tenencia pero dividido en dos mitades; la primera, otorgándosele el recurso que le corresponda conforme la mecánica tradicional y la segunda de forma inversamente proporcional a la población de cada municipio, con lo que se pretende beneficiar a los más pobres.
Este dictamen fue votado en contra por Nora Ruvalcaba del PRD, Vicente Pérez de Convergencia, Enrique Rangel, Tagosam Salazar y Luis David Mendoza del PRI; en el caso de los últimos cuatro por considerar que no se tomaron en cuenta las iniciativas propuestas por integrantes de sus partidos, encaminadas a desaparecer ese impuesto.
El coordinador parlamentario del PRI, Fernando Palomino Topete subió a tribuna para instar a la LX Legislatura a que luego de aprobar el Paquete Económico local, el Congreso dé “seguimiento, supervisión, vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en tiempo real”, viendo esto como una obligación que se tiene sobre el ejercicio y la aplicación de los recursos.
