Ante los recortes presupuestales y la falta de inversión pública y privada en investigación, registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi) los proyectos de sus investigadores, podría ser una fuente de ingresos propios para las universidades, consideró el jurista Manuel Magaña Rufino, profesor investigador de la Universidad Panamericana (UP) Campus Bonaterra y especialista en materia de patentes y protección de la propiedad industrial.
Magaña Rufino explicó, en entrevista con La Jornada Aguascalientes, que el trámite en cuestión concede al científico el derecho de exclusividad en el uso y explotación de aquello que se registra, de modo que, al hacerlo en co-autoría con la casa de estudios, ambos gozarían del reconocimiento y las ganancias monetarias que el proyecto pudiera generar y que a su vez se podrían reinvertir en nuevos proyectos.
“Se lograría que estos inventos realmente se pudieran comercializar,
no quedaran en ideas perdidas, sino que se difundieran y que se
obtuviera un ingreso por la venta de esta patente (…) solamente así,
creo yo que se podría impulsar en México la cultura o la tecnología que
carecemos mucho o que se promueva su inventiva a través de apoyos”,
acotó.
Desafortunadamente, lamentó, en México tampoco existe una cultura de
la prevención en el ámbito educativo, además de que muchas veces, por
desconocimiento, se piensa que el proceso es difícil y caro, cuando en
realidad no es así.
Aunado a ello, dijo, es común que los investigadores, con un ánimo
enteramente académico o altruista (crean con interés científico o para
solucionar algún problema social) den a conocer sus inventos antes de
patentarlos y con ello pierden el requisito más importante para
hacerlo: la novedad.
El abogado mercantilista explicó que el registro ante el Impi cuesta
alrededor de 10 mil pesos, pero en el caso de las Pymes, las personas
físicas y las universidades, se reduce a la mitad; para iniciar el
proceso, debe presentarse una solicitud de registro que entre otros
requisitos establece la novedad a nivel mundial; en un lapso que
calculó como máximo de cinco años, dijo, el IMPI verifica que así sea y
en cuanto termina ese proceso otorga los derechos de exclusividad de
uso explotación del invento, por un periodo de 20 años.
En el caso de México, indicó, existe un plazo de un año para poder
registrar un proyecto después de haberlo dado a conocer; vencido ese
término, se vuelve “dominio público”; en parte es gracias a éste que la
iniciativa privada no invierte en investigación, pues les resulta más
fácil y barato investigar cuáles de los proyectos que les son útiles no
han sido registrados o han perdido la exclusividad y utilizarlos sin
consecuencia legal alguna.
También señaló que, como las patentes son locales, las creaciones
registradas en México son del dominio público en otros países.
Otro problema que se deriva de esto es el enfrentamiento de la falta
de patente con la necesidad de divulgación científica; la única
solución, a juicio de Magaña Rufino, es que inmediatamente se presente
la solicitud de registro de patente y una vez teniéndola se busque la
difusión.
Por otro lado, afirmó que esta cualidad también puede usarse a favor
del país, donde muchas veces y por el mismo desconocimiento “a veces
estamos comprando tecnología que es del dominio público (…) podríamos
ir a China, a Japón, a Estados Unidos y ver qué inventos son del
dominio público”.
Finalmente, el académico instó a las universidades a acercarse a la
delegación de la Secretaría de Economía (Se), que sería la instancia
encargada de orientar en cuestiones de propiedad industrial, así como
el Conacyt o incluso él mismo, subrayando que las más beneficiadas
serían las propias casas de estudios del estado y del país.
