Esta semana se debatió en el pleno de la Suprema Corte, el articulado de la Ley General de Salud que prohibía, hasta ese momento, el consumo lúdico de la marihuana. Con 8 votos a favor (incluido el del Ministro Presidente Arturo Zaldívar) y 3 en contra, la Corte declaró inconstitucionales los artículos 235 y 247 de dicha ley y con ello determinó que en adelante, la Secretaría de Salud y la Cofepris podrán expedir permisos para el consumo personal y recreativo de la cannabis y el THC.
La decisión sin duda alguna es polémica y puede ser revisada desde diferentes enfoques: el jurídico, el de salud, el cultural, el sociológico, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión quiero referirme particularmente a los posibles efectos sociales que esta medida pueda tener frente a una de las problemáticas más complejas de nuestro país: la violencia y la inseguridad derivadas de la actividad del tráfico de drogas.
De entrada vale la pena decir que la regulación y/o la legalización no es suficiente para reducir los niveles de violencia y alcanzar la pacificación del país. Lo anterior principalmente porque los grupos de la delincuencia organizada han extendido sus actividades más allá del tráfico de drogas. El secuestro, el cobro de derecho de piso y la extorsión, por ejemplo, se han convertido en los delitos más recurridos por estos grupos. Tan sólo estos 2 últimos delitos dejan ganancias por 12 mil millones de pesos al año a los criminales.
Por otro lado, el régimen prohibicionista en México tiene una relación muy estrecha con lo que ocurre en el vecino país del norte, donde por cierto existen ya 12 jurisdicciones a nivel estatal que consideran desde permisos para consumo personal recreativo, licencias para siembra y producción, y tiendas autorizadas para la venta, entre otros aspectos.
En algunos casos, como en el estado de Colorado por ejemplo, los efectos han sido positivos, por decirlo de alguna forma: los arrestos por posesión de marihuana disminuyeron sustancialmente y el consumo se mantuvo en sus niveles previos a la regulación.
Sin embargo y pese a este tipo de experiencias, no podemos dejar de lado que de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas, que elabora la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), el 90% de la población en el ámbito mundial consume algún tipo de droga, lo que provoca que al año se registren 190 mil fallecimientos prematuros relacionadas con ello.
En México, por ejemplo y de acuerdo con los datos más recientes de la Presidencia de la República, existen más de 2 millones de consumidores de drogas. De estos, 230 mil son menores de edad. La Encuesta Global de Drogas 2020 arrojó también que el alcohol y la marihuana son las drogas de mayor consumo en nuestro país, y que del total de consumidores, el 70% son hombres. Aunque la cifra pareciera no ser alarmante, si consideramos el total de la población en el país, no debemos olvidar que en numerosas regiones del país, el consumo de drogas se ha convertido en una amenaza para la salud pública. La presencia del “cristal” en Aguascalientes es una muestra de ello.
El otro factor que complica la ecuación del consumo de drogas en México es la presencia de los grupos criminales detrás del tráfico de drogas. De acuerdo con el Gobierno Federal existen al menos 19 cárteles del narcotráfico operando en alguna de las 32 entidades del país.
Aunque grupos como Human Rights Watch han sugerido desde hace mucho tiempo avanzar en la regulación de las drogas para reducir los niveles de violencia en el país; lo cierto es que, como dije, éste sólo sería un paso en la estrategia de pacificación. La regulación, desde mi perspectiva, debe acompañarse de un fortalecimiento del Estado de Derecho y del incremento del nivel de vida (y oportunidades) de la población.
Aún falta ver los efectos de esta decisión de la SCJN en la sociedad mexicana. Por el bien de las futuras generaciones, ojalá que los efectos no sean contraproducentes.
