Por discriminación y abuso de autoridad, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 29 de diciembre de 2009, y una denuncia ante la Contraloría General del estado (CGE), el 6 de enero de 2010, en contra del alcalde capitalino Gabriel Arellano Espinosa y su secretario general.
Juana María Martínez Flores, encargada de la comisión de seguridad pública del comité de Colonos de los fraccionamientos Canteras de San José, San Javier y Rinconada San José, aseguró ante esas instancias que además de humillarla e intimidarla desde la primera vez que tuvo contacto con él, Arellano Espinosa convocó a 30 funcionarios para confrontarla.
Posteriormente, dijo, fue citada creyendo que sostendría una reunión con el edil, el 28 de septiembre de 2009, en el salón presidentes de palacio municipal, donde nuevamente fue tratada a gritos “y atacada verbalmente con insultos tales como ¿qué diablos quiere? ¡Ya me tiene harto, es usted insoportable y muy insistente con lo de su cita!, ¿qué no entiende que no la quiero recibir”.
En esa ocasión, argumenta Martínez Flores, la intención era mostrarle oficios donde se expresaba una queja en contra de un mal elemento de seguridad pública y “otras situaciones” y asegura que aunque fue el propio presidente municipal quien la levantó de su silla para retirarla del lugar, luego la amenazó con ser detenida si salía, por lo que permaneció allí, para seguir siendo insultada.
A lo anterior, en la queja interpuesta en la CEDH, la representante vecinal agregó un mensaje dirigido a Omar Williams López Ovalle, con quien aseguró haberse reunido el 6 de octubre del año pasado: “… me manifestó Usted de la amistad que mantenía con el antes citado (Gabriel Arellano), solicitándome ocho días de tiempo para entablar comunicación con el Sr. Arellano y tratar de arreglar esa situación de la mejor manera y que me comunicara después de ese tiempo. Desconozco si se realizó tal llamada o si verdaderamente le dio importancia a mi denuncia y a juzgar por la respuesta es obvio que no”.
De acuerdo con la quejosa, Arellano Espinosa estaría violando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Participación Ciudadana.
En el último año, el presidente municipal ha sido involucrado en cuatro denuncias ante la PGJE, una de juicio político ante el Congreso local y estas dos.
Jennifer González
