- Le argumentan lagunas legales que son responsabilidad de los ciudadanos
- Los funcionarios del Instituto echaron la responsabilidad unos a otros
Desde muy temprano la profesora Laura Alicia Ramírez Pérez se presentó por enésima ocasión ante las autoridades del Instituto Estatal de Educación para pedirle la información del pliego petitorio del SNTE que hasta ahora no le ha sido concedida por diversas justificaciones que poco tienen que ver con la ley de transparencia. La instrucción del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) fue pagar 75 pesos y pedir sus copias correspondientes a los documentos solicitados.
El primer trámite fue llegar al IEA para hacer el pago de su solicitud de transparencia que parecía ser el único requisito para que los documentos fueran entregados por Domingo Vila, sin embargo este primer intento se topó con pared en el segundo trámite pues le negaron la información con la justificación de que requerían una orden explícita del área jurídica. Esto implico que la ciudadana solicitante se viera en la necesidad de acudir a las oficinas del jurídico.
Cuando la profesora Ramírez Pérez llegó a la oficina del jurídico en lugar de encontrar una respuesta positiva encontró otra barrera más pues la justificación fue que existía un “acuerdo” que no fue aclarado nunca para proporcionarle la información que les hacía falta. En ese encuentro hubo un momento donde todos los involucrados estuvieron presentes y la única alternativa existente fue presentar ante el ITEA un recurso de inconformidad, aunque finalmente los funcionarios de alguna forma aceptaron que por ley no existen argumentos para prohibirle el acceso a estos datos.
El último recurso de la mañana fue acudir con la encargada de la contraloría estatal quien sólo le pudo decir a la profesora que el instituto estaba obligado a entregarle la información, misma que no le fue entregada. Ahora el único intento pendiente fue presentar un recurso ante el instituto para que de alguna forma “obliguen” a la autoridad a entregar esta información.
Una de las supuestas justificaciones eran las lagunas de la ley que no especifican si existe una caducidad para que el ciudadano vaya a las oficinas a recoger la información, sin embargo para la profesora este no es argumento suficiente porque los ciudadanos no son responsables de esta laguna y por otra parte tampoco debe ser un argumento para que las autoridades manejen la ley a su antojo.
Este será un proceso que todavía no culmina porque la profesora seguirá hasta que le sean entregados estos documentos que le corresponden por ley.
