No corresponden penas a severidad de delitos cometidos por los adolescentes

El gobernador y el procurador del estado admitieron ayer que, como diera cuenta La Jornada Aguascalientes en su edición del lunes, la incidencia en la comisión de delitos ha incrementado en la población adolescente del estado a partir de la implementación del Sistema de Justicia para Adolescentes. 

Cuestionado sobre qué es lo que está fallando, el mandatario estatal, Luis Armando Reynoso Femat, comentó que los jóvenes “han sido juzgados de manera más… tal vez severa, pero al mismo tiempo hay situaciones que no corresponden a la severidad de los delitos que cometen esos jóvenes”; en ese sentido, llamó a los poderes judicial y legislativo a presentar iniciativas “para propiciar que los jóvenes que caigan en actos delictivos tengan oportunidad (…) de reeducarse verdaderamente”, sin dejar de recibir el castigo que merezcan, de acuerdo a la ley. 

Respecto a las acciones que por parte del gobierno se habrán de implementar, aseveró que “vamos a insistir” en la aplicación de “un bloque” de acciones preventivas que involucran al DIF, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), el Instituto de Educación (IEA) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), encaminado a brindar “oportunidades de vida económica” a la población juvenil de la entidad. 

Cabe señalar que son precisamente este tipo de acciones las que el magistrado y la defensora de oficio especializados en justicia para adolescentes señalaron como uno de los faltantes para que este Sistema de Justicia se aplique a cabalidad. 

Comentó también que los adolescentes infractores son en su mayoría personas “que han perdido toda esperanza” y que dentro de la delincuencia “se juegan el todo por el todo”, admitiendo que “esto difícilmente tiene compostura”, pero también que “habrá que reincorporarlos de alguna manera” a la sociedad. 

A su vez y junto con “el factor económico”, el titular de la Procuraduría General de Justicia local (PGJE), Edgardo Valdivia Gutiérrez, enumeró “los vicios, la falta de arraigo de los jóvenes a sus casas, a sus valores y (…) también tiene algo que ver el que se ha extendido el rumor entre ellos de que, siendo adolescentes, se tienen ciertos privilegios para no ser enjuiciados o procesados” como elementos de influencia en la delincuencia juvenil. 

Valdivia Gutiérrez rechazó esa creencia, pues señaló que la pena mínima a que puede aspirar un adolescente infractor es “no entrar a prisión”; pese a ello, reconoció que la mayoría de los menores de edad que infringen la ley reciben este tipo de castigos. La pena máxima, que aplica ya en delitos como homicidios, secuestros y otros calificados como graves, la calculó en 25 años de internamiento. 

Como lo señalan las cifras obtenidas por este diario del Poder Judicial, apuntó hacia el robo como el ilícito más comúnmente perpetrado por los aguascalentenses de entre 12 y 18 años de edad, pero incluyó los atentados a la estética urbana dentro de ese grupo, aún cuando los datos duros lo ponen en una incidencia menor que los daños a la salud (posesión y distribución de drogas) y las lesiones dolosas. 

Además, el procurador mencionó la acción de reclutamiento que aplican bandas delictivas y que al cierre del año pasado se observó en alrededor de cinco casos, aseguró.