- Todo bajo reserva, respecto a que haya candados legales para su funcionamiento
- Dar prioridad y autonomía, para dar confianza a la ciudadanía, y evitar compadrazgos
Los tres posibles candidatos a la gubernatura del estado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) debe de emanciparse del gobierno del estado pero con sus respectivos ajustes legales, dijeron el alcalde capitalino, Gabriel Arellano Espinosa; la secretaria general adjunta del PRI, Lorena Martínez Rodríguez y el senador, Carlos Lozano de la Torre.
El legislador federal comentó que el tema es una copia a nivel nacional en donde está buscando replicar la legislación federal, “estoy totalmente de acuerdo que a una propuesta del ejecutivo el congreso pueda decidir, Esto permitiría que los perfiles de las propuestas sean las mejores”, considerando que con ello restaría la decisión del gobernador del estado a designar un titular.
Lozano de la Torre recordó que asimismo fue una propuesta a nivel federal en la que coincidieron todos los parlamentarios de diversos partidos, pero “obviamente también tiene sus temas que habrá que corregirle”, explicando que de presentarse una terna que no cumplan con los requerimientos, tampoco exista la posibilidad de mandar a otra persona, “hay que poner un tipo de candado que no está previsto a nivel nacional”.
Igualmente, reparó en los ajustes que otorgan mayor imparcialidad al asunto, continuando con el ejemplo de que “te pongan un sub procurador que es a modo del gobernador y te manden una terna de propuestas para la procuradurías, no apruebes ninguna y te dejen un encargado de despacho” que no cumpla con las características necesarias.
De esta forma, reiteró su beneplácito por la propuesta que aun está en el congreso del estado, pero reiteró lo importante que es el afinar estos detalles.
Por su parte, Martínez Rodríguez reflexionó también acerca de que ésta es una propuesta que pretende imitar a las federales y que tiene como prioridad dotar de autonomía a los ministerios públicos, como un avance importante para el respeto de la ley “y alejar de toda tentación de la influencia de los gobiernos centrales en los procedimientos y en las investigaciones”.
En este sentido, comentó que puede ayudar a la confianza de la ciudadanía en la institución que pretende investigar delitos, además de que abre la posibilidad de que los perfiles que ansían para ocupar el cargo de procurador respondan a lo que espera la ciudadanía “y que dejemos a un lado el amiguismo y el compadrazgo”.
Desde su perspectiva este es un proyecto que vendría a coadyuvar aunque el riesgo existe de convertirse en un botín político siempre que la legislación no contenga las especificaciones suficientes, “si la ley se aprueba de manera muy cuidados en donde desde el marco jurídico se cuide que los perfiles cumplan requisitos estrictos” no debe de existir ningún problema.
Mientras que Arellano Espinosa reconoció, no ser conocedor del tema, pero aprobó la propuesta en lo general aunque con algunas reservas ante su análisis que finalmente deberán de realizar los diputados locales, acotó.
