APRO/Gloria Leticia Díaz
Una investigación exhaustiva, máxima transparencia y garantías de no repetición son algunas exigencias de las organizaciones civiles para el Estado mexicano tras las revelaciones hechas por la iniciativa internacional Pegasus Project sobre el espionaje masivo ejecutado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En entrevistas por separado, representantes de Amnistía Internacional, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) explican los pasos a seguir en México en los terrenos legal y legislativo, y hablan de las respuestas esperadas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue en su momento blanco de la vigilancia ilegal.
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, una de las organizaciones que coordinó el proyecto de investigación en la que participó Proceso, Edith Olivares Ferreto considera que, tras “el escándalo internacional” de que 50 mil teléfonos habrían sido blanco de espionaje, 15 mil de ellos en nuestro país, los ciudadanos deben exigir a la Presidencia de la República transparencia total sobre los contratos entre el gobierno y NSO Group, empresa israelí distribuidora del programa espía Pegasus.
Al Congreso de la Unión, continúa, se le debe pedir que legisle para evitar que estos hechos se repitan.
Ante las declaraciones del presidente López Obrador, sobre que su gobierno no espía, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional expone la manera de demostrarlo: “Haciendo público el contrato, ver el cierre del contrato, qué decía ese contrato, por qué la empresa NSO ha dicho que sólo vendía el programa para gobiernos y para vigilancia de terrorismo”.
Considera necesario conocer si la empresa israelí sabía del espionaje ilegal y cómo es que el Gobierno de México cambió el propósito del programa de espionaje.
Olivares Ferreto anunció que Amnistía Internacional solicitará reuniones con legisladores; dice que la iniciativa internacional Pegasus Project evidenció que “requerimos un marco legislativo que nos asegure que esto no se repita, que no se utilicen estas herramientas de cibervigilancia para objetivos políticos, sino para los objetivos para los que fueron creados, para el combate al terrorismo y crimen organizado, en un contexto de legalidad”.
La defensora alienta a quienes hayan sido víctimas de la vigilancia ilegal a denunciar penalmente los hechos y a alimentar con ello querellas presentadas en años anteriores.
“Una denuncia facilita que la autoridad investigue y da un mensaje a la ciudadanía de que esos actos no se deben realizar, no son normales, no son correctos; el Estado mexicano no debería estar realizando esas actividades de espionaje, que sabe que ha realizado desde hace muchas décadas, pero no es normal y sí es grave”, alerta Olivares.
Con ocho periodistas representados ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el entramado de Pegasus, desde 2017, Artículo 19 confía en que esa denuncia se fortalezca tras las nuevas revelaciones.
“La idea de que la propia experiencia mexicana, que lleva cuatro años de investigación, pueda servir a nivel internacional y viceversa, puede ser un juego de doble vía; si se van a sumar fiscalías de otros países, es muy importante ese intercambio de información”, considera Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Explica que en 2017 el equipo que litiga el primer caso, integrado por abogados de la Red de Defensa de Derechos Digitales y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, quienes también fueron víctimas, ya advertía que “era la punta del iceberg” de una trama que va mucho más allá del espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas, y que toca la corrupción durante la anterior administración, temas que en un proceso de investigación “no se pueden ver uno sin el otro” por tratarse de un entramado de criminalidad compleja.
“Aquí el peligro es que la Fiscalía General de la República empiece a dividir o a fragmentar la investigación por diferentes unidades orgánicas que componen la institución, y que no se vea como un todo”, alerta el defensor. Recuerda que en su litigio han recurrido a amparos para que la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero atienda “las líneas de investigación que hemos propuesto y que han estado muy reticentes a aceptar”.
Para el defensor, lo más importante es que NSO Group provea información y colabore con la justicia internacional, “pero lo que hemos encontrado es que Israel no ha respondido a las solicitudes de colaboración internacional que desde el principio hizo la entonces Procuraduría General de la República y ahora la FGR.
“Esto llama mucho la atención si le sumas la protección que Israel ha dado a Tomás Zerón”, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, responsable de la adquisición del software espía, acusado de tortura en el caso Ayotzinapa y de construir la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Tras el anuncio de RSF sobre el inicio de una querella judicial en París por actos de espionaje vía Pegasus contra dos periodistas francomarroquíes, la corresponsal en México de la organización internacional, Balbina Flores, anuncia la disposición de RSF para acompañar a los periodistas mexicanos a emprender denuncias penales en nuestro país.
Destaca que en el plano internacional RSF ha pedido “una moratoria contra este programa mientras se realiza una investigación sobre su uso”, y recuerda que desde 2017, tras las revelaciones en México, su organización colocó a NSO Group en la lista de los “depredadores digitales”.
Sobre las reacciones del gobierno de López Obrador ante el escándalo internacional, Flores expone: “En 2019 el presidente prometió investigar esta situación. Vemos que no fue así; en cambio se ha argumentado que se ha desmantelado el Cisen y que no se espía a nadie, pero no tenemos seguridad de que así sea, porque periodistas de Guerrero nos han comentado que de dos años a la fecha se sienten perseguidos, vigilados, no sólo en sus redes sociales, también en sus comunicaciones”.
Para la corresponsal de RSF aún quedan dudas por aclarar en torno a Pegasus; afirma que el gobierno de López Obrador está obligado a responder por qué ese tipo de programas de vigilancia “no son operados por la Presidencia, sino que han sido usados y adquiridos por distintas instancias, desde la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina”, no sólo el desaparecido Cisen, sustituido ahora por el Centro Nacional de Inteligencia.
“Si ya no se está espiando a nadie, ¿dónde están esos contratos? ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde están esos equipos? ¿Quién los resguarda? ¿Quién nos asegura que no se están usando? El personal que trabajaba en el Cisen… ¿desapareció o simplemente pasó a formar parte de otra dependencia?
“Falta transparencia, certeza sobre esto; la primera interrogante es si realmente se va a ir a fondo en las investigaciones; ese es el papel fundamental de la FGR. ¿Hasta dónde el gobierno está dispuesto a transparentar todos estos programas espías?”, cuestiona Flores.
