APRO/Juan Omar Fierro
Litigar contra el Estado mexicano convirtió a por lo menos una treintena de abogados penalistas y asesores victimales en posibles blancos de espionaje durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una revisión realizada por Pegasus Project entre los 15 mil números telefónicos que fueron ingresados en la plataforma del software espía Pegasus para su operación en México.
Los intentos de infección fueron corroborados por Proceso mediante casi una veintena de mensajes de texto que los propios afectados resguardaron y entregaron a los periodistas mexicanos de Pegasus Project, los cuales cuentan con características similares a los que se han usado contra otras víctimas ya confirmadas del programa espía.
Los posibles objetivos del espionaje intrusivo con el spyware de NSO Group, el cual fue adquirido en México por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrieron entre septiembre de 2016 y junio de 2017, de acuerdo con los registros a los que tuvo acceso esta investigación periodística.
Al menos dos de los abogados consultados anunciaron que podrían presentar una denuncia penal ahora que sus sospechas de espionaje se han confirmado, debido a que existió el propósito de vulnerar la confidencialidad que existe entre litigantes y defendidos, lo que a su vez representa una violación a los derechos humanos y contraviene la Convención de La Habana sobre las garantías que el Estado debe otorgar a los defensores de personas.
Una revisión de los datos telefónicos en poder de Pegasus Project –a los que tuvieron acceso en un primer momento Forbidden Stories y Amnistía Internacional– apunta a que la mayor parte de los intentos de infección contra los litigantes proviene de un cliente con características que corresponden al Cisen.
Los penalistas Eduardo Amerena y Guillermo Barradas explicaron a Proceso que los intentos de intrusión a sus comunicaciones privadas coincidieron con acciones de seguimiento físico en su contra realizadas por agentes del Cisen. Barradas denunció que el hostigamiento incluyó el envío de elementos de la Armada de México tanto a su despacho como a su domicilio privado.
Sin embargo, otro de los perfiles que pudo haber intentado dichas infecciones corresponde a la entonces PGR (actualmente fiscalía), cliente que los periodistas de Pegasus Project lograron identificar con mayor precisión gracias a un oficio en el que se solicita la intervención legal de un número telefónico que también aparece entre los 15 mil blancos seleccionados en México como posible objetivo de espionaje de la plataforma Pegasus.
Estos intentos de espionaje a los abogados mexicanos no se dieron de manera aislada. La revisión realizada por Proceso indica que los blancos eran seleccionados por despacho, incluyendo a estudiantes universitarios que se desempeñaban como pasantes, y al menos en uno de los casos, también se pudo identificar a la esposa de uno de los litigantes.
Entre los casos relacionados con los abogados que fueron objeto de vigilancia se encuentran los del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que concluyó su mandato con graves imputaciones de corrupción y desvío de recursos; el de la exlíderesa magisterial Elba Esther Gordillo, procesada en ese momento por lavado de dinero, y el del líder del sindicato minero y actual senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
Pegasus Project es una investigación periodística que inició con la filtración de 50 mil datos telefónicos ingresados por los diferentes clientes de NSO Group en la plataforma Pegasus, los cuales fueron revisados por periodistas de 16 medios en 10 países diferentes, bajo la coordinación de Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Una revisión hecha por los periodistas sobre los 15 mil datos telefónicos ingresados a la plataforma Pegasus por clientes mexicanos revela que entre los abogados que fueron atacados con el envío de mensajes de texto maliciosos están Eduardo Amerena, de Amerena y Asociados; Marco Antonio del Toro, Pablo Campuzano, Guillermo Barradas y Antonio García, de García González y Barradas; Rodolfo de la Guardia, Rodolfo Félix Cárdenas y Carlos Andrés Brambila, de Félix Cárdenas, y Ricardo Contreras del despacho que defiende a la petrolera Oro Negro, entre otros.
Además se encuentran abogados defensores de víctimas, como es el caso de Abel Barrera, Vidulfo Rosales y Mario Patrón, representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos casos también son contabilizados como defensores de derechos humanos y movimientos sociales.
En la lista también aparecen José Refugio Rodríguez, el abogado más visible de Joaquín “el Chapo” Guzmán contra su proceso de extradición, y otros litigantes que se especializan en la defensa de imputados por crimen organizado que se omiten por motivos de seguridad.
Defensor de dos clientes vinculados con el caso de Javier Duarte, Eduardo Amerena advierte que “el espionaje a abogados es tan grave como el que se hace a los periodistas; tenemos derecho a la inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagamos en el ejercicio de nuestras funciones”.
Los abogados Rodolfo de la Guardia y Marco Antonio del Toro también enfrentaron intentos de infección masiva. Además de los mensajes de texto que recibieron en sus teléfonos personales, al menos otros dos integrantes de sus despachos fueron seleccionados como blancos de espionaje de la plataforma Pegasus, pero es imposible saber si estos intentos tuvieron éxito porque ya no conservan los aparatos que usaron entre septiembre de 2016 y junio de 2017.
Aún así, ambos analizan la posibilidad de interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de los intentos de espionaje ilegal.
Finalmente, el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto tuvo que corregir a la propia FGR por el comunicado en el que esa dependencia afirmó que no se habían encontrado evidencias de espionaje en los análisis forenses que ha realizado esa institución educativa.
En su boletín, la FGR aseguró que Citizen Lab no encontró una evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo, por lo que los expertos de esa organización tuvieron que aclarar a la fiscalía lo que realmente les han entregado y las recomendaciones para que sus peritos puedan seguir investigando.
“Leemos estas declaraciones con perplejidad y sorpresa. Le recordamos a la fiscalía que nuestra investigación identificó intentos de infección con el malware Pegasus a través de mensajes de texto, para lo cual recolectamos y verificamos un gran número de mensajes enviados a, al menos, 25 individuos en México.
“En múltiples ocasiones aportamos extensa documentación escrita –así como explicaciones orales en persona a representantes de la fiscalía– que documentaron la escala de los ataques contra la sociedad civil mexicana. Adicionalmente hemos explicado a la fiscalía cómo puede perseguir líneas de investigación adicionales y hemos aportado recomendaciones técnicas extensas”.
Citizen Lab agregó que “no entendemos por qué la fiscalía ha elegido este momento para distorsionar nuestras declaraciones respecto de nuestras propias investigaciones, precisamente cuando más evidencia ha emergido desde otras fuentes que documentan los ataques a la sociedad civil en México”.
La respuesta de la FGR ante Carmen Aristegui y Citizen Lab fue el silencio, con el agravante de que los dos funcionarios encargados del caso, Sara Irene Herrerías y Ricardo Sánchez, trabajaron previamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dinchenin, Mathieu Tourliere (Proceso), Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (The Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.
