- Validez oficial tendrán que renovarse cada cinco años
- Se modifica también la conformación del CES
El pleno del Congreso avaló ayer una reforma a la Ley de Educación que pretende hacer temporales los reconocimientos de validez oficial de las instituciones privadas de educación superior, por lo cual a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado (POE) deberán someterse a la revisión del Instituto de Educación (IEA), a través del Consejo Estatal de Educación Superior (CEES).
Para que todas las instituciones de nivel superior estén representadas en este organismo, se modificó también lo referente a su conformación: ahora lo integrarán un representante del Ejecutivo, el director del IEA, el director de educación media y superior de ese instituto, un representante de educación tecnológica, dos de educación superior pública, dos de educación superior privada, uno de educación normal, el secretario de Desarrollo Económico y un representante del sector productivo.
El objetivo es que “la toma de decisiones más profundas, más asertivas”, señaló el presidente de la comisión de educación, Jorge Ortiz Gallegos.
Estos funcionarios y directivos tendrán que aprobar por unanimidad el reconocimiento de validez oficial que busque una institución; junto con el Instituto de Educación se encargarán de revisar que esas universidades cuenten y mantengan los requisitos necesarios para obtener su reconocimiento por un periodo de cinco años.
Si en el transcurso de esos años o al término del periodo llegan a incumplir con dichos requisitos, como el contar con laboratorios, bibliotecas, aulas de cómputo, registro de alumnos, el perfil profesional de los profesores, entre otros, el reconocimiento les será retirado.
La razón de estas reformas es “evaluar que la oferta educativa que a ti te proponen como alumno, que le proponen a la sociedad, a los padres, se esté cumpliendo; que efectivamente se esté otorgando educación de calidad”, afirmó Ortiz Gallegos.
El dictamen incluye también los lineamientos para el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Educativo y la desaparición de las coordinaciones de zona en su lugar, además de algunas modificaciones en materia de prestación de servicio social en los niveles de educación técnica, media superior y superior.
Aboga diputado por mayores recursos para educación
El mismo legislador priísta presentó un punto de acuerdo que habrá de enviarse a los secretarios de Hacienda y de Educación para “subsanar y regularizar a Aguascalientes los recursos irreductibles que no fueron considerados en el presupuesto original del ejercicio fiscal 2010 en el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y, con ello, evitar el incumplimiento de pago a los trabajadores de la educación de las prestaciones salariales acordadas con su organización sindical”.
Según los cálculos hechos y presentados por el diputado, el monto que debería resarcirse a la entidad ronda los 275 millones de pesos y se estima que, de no llegar, será imposible cumplir cabalmente con programas como “Todos con escuela”, “Sin pretextos para estudiar”, “Educación oportuna y relevante”, “Formación continua de calidad”, “Investigación Educativa” y “Mejoramiento de la gestión escolar”.
