- Se requiere una orientación para que se atiendan también a los adultos y discapacitados
Según un artículo reciente publicado por el Observatorio Ciudadano de la Educación titulado “El derecho a la educación en México: situación y perspectivas”, el ejercicio de la educación se debe ofrecer con equidad para toda la población y por tanto requiere, necesariamente, una orientación en la que se atiendan también las necesidades educativas de los adultos, de los discapacitados y de los grupos poblacionales mayormente discriminados como son los migrantes, las mujeres, las personas en situación de calle y quienes habitan en localidades pobres y apartadas.
En información obtenida de la pagina de internet del Observatorio, la estimación del llamado rezago educativo de la población de 15 años, es decir, aquellas personas que no han concluido el ciclo de educación obligatoria, asciende a 33 millones 403 mil 374 personas según cifras del Instituto Nacional de Educación de los Adultos.
Sin embargo, esta cifra, alarmante en sí misma, no basta para visualizar las desigualdades que existen en términos de educación entre las regiones y entre los estratos sociales. Y es justamente la magnitud de las desigualdades la que nos indica la urgencia de ubicar a la equidad y a la inclusión en el centro de toda la política educativa.
El presidente e investigador del Observatorio, Manuel Ulloa dijo que la educación en el país deja mucho qué desear, tanto por las condiciones de desigualdad, de falta de equidad en el acceso de la población a la educación, así como lograr mantenerse una vez que acceden y no se retracten.
Ulloa mencionó que la población con algún tipo de discapacidad, personas que hablan lenguas indígenas, así como niños y niñas que trabajan, son principalmente los grupos más vulnerables; en el caso del Distrito Federal observó que es una de las zonas con más exclusión, ya que por cada niño de 5 a 14 años que no está en la escuela, hay seis veces más niños con discapacidad que son excluidos, es decir hay seis niños excluidos por cada niño que no tiene discapacidad y en el caso de las personas indígenas son cuatro veces más.
Con respecto a la educación para personas con discapacidad, la presidenta del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad en Aguascalientes, Patricia Guerrero de Santos señaló que existen algunas escuelas de gobierno que no aceptan entre su alumnado a estudiantes con alguna discapacidad, principalmente las regulares, que son escuelas para niños de entre los 6 a 12 años; si bien existen instituciones que ofrecen educación para personas con alguna discapacidad tanto física, sensorial o mental, dichas escuelas son privadas y representan un costo para el estudiante, que en la mayoría de los casos no pueden pagar porque son personas de escasos recursos económicos, comentó.
“En Aguascalientes las escuelas no están condicionadas para recibir a estudiantes con alguna discapacidad, como rampas o infraestructura que ayude que los alumnos puedan realizar fácilmente sus actividades; a diferencia de ciudades como el Distrito Federal donde están mucho más avanzados con respecto a estos temas, la ciudad de Aguascalientes todavía tiene que avanzar con respecto a la educación para personas discapacitadas, tanto en instalaciones como en programas educativos” dijo.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano para la Educación busca contribuir a la formación de una opinión pública mejor informada y constituir un espacio para la observancia crítica y el análisis de la política educativa; además considera que la perspectiva del derecho a la educación no debe convalidar las políticas que proporcionan una educación pobre a los pobres, ni menos aún programas que excluyen a la mayor parte de las poblaciones que deberían estar abocados a atender; este derecho se opone a etiquetar como rezagados a aquellos que no tuvieron la oportunidad de recibir una educación básica completa, ni como desertores o reprobados a quienes las instituciones escolares y las condiciones de contexto expulsaron de las aulas.
