APRO/Juan Carlos Cruz Vargas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que si no se da una prórroga en la implementación de la reforma en materia de subcontratación (u outsourcing), habrá mayores afectaciones en el empleo en los sectores de la construcción, de seguridad y de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
“En Coparmex lamentamos que una reforma, lograda tras meses de negociación entre los sindicatos, el gobierno y las organizaciones empresariales, pueda ahora tener efectos negativos debido a que no cuenta con el tiempo adecuado de implementación”, señaló el organismo presidido por José Medina Mora.
Desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma, en abril, el sector patronal solicitó que el plazo de entrada en vigor fuera el 1 de enero de 2022, por estar inmersos en una condición de pandemia y las inconveniencias que esto representaba, apuntó.
“Posteriormente, publicada la reforma, hicimos nuevamente esa petición por considerar insuficiente el plazo para todas las adecuaciones en las que se verían inmersas las empresas; lo señalado quedó comprobado con la prórroga que se concedió al primero de septiembre, aunque nuevamente destacamos que era insuficiente y que debía homologarse con el plazo concedido a las empresas del sector público”.
De acuerdo con cifras oficiales actualizadas, 106 mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y sólo 48 mil 444 lo obtuvieron.
Pese a que este registro -acotó la Coparmex- continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias generando confusión, como en el de la construcción, servicios de seguridad, la actividad de promotoría de productos, entre otros, que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan, no serán deducibles.
Pese a las negativas, Coparmex reconoció el avance de las empresas que han logrado su registro “y seguiremos insistiendo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Congreso para que se homologue el plazo de implementación al 1 de enero de 2022 y se evite la pérdida de empleos y afectaciones a la economía”.
