APRO/Gloria Leticia Díaz
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) urgió a los gobiernos federal y estatales, así como a autoridades vinculadas con el tema migratorio, a adoptar una política de atención a la movilidad humana, basada en principios de “solidaridad y cooperación internacional”, tomando en cuenta la crisis humanitaria agudizada por la pandemia de covid-19.
En un pronunciamiento respaldado por las 33 comisiones de derechos humanos del país (la nacional y de las 32 entidades federativas), la FMOPDH reprobó “el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM); las agresiones hacia defensores y periodistas que están monitoreando y acompañando a las caravanas, y la dilación de los procedimientos de solicitud de asilo y regularización migratoria que orillan a las personas a vivir en condiciones precarias, provocando la segregación económica y social”.
En el comunicado conjunto, las comisiones de derechos humanos del país destacaron las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el sentido de que espera recibir 100 mil solicitudes de asilo al término de 2021, y de la Unidad de Política Migratoria, que hasta julio pasado registró 117 mil 052 “eventos de detención migratoria, lo que representa 42% más que el total de detenciones realizadas durante 2020”.
Apuntaron que el flujo migratorio está siendo impactado por la continuidad de la política de expulsión de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades –ejecutada por Estados Unidos, por razones de sanitarias–, conocida como Título 42, así como las posibilidades de reactivar el programa “Quédate en México”, que obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar la resolución estadunidense en la frontera norte de México.
Ante la vulneración de los derechos de los migrantes, las comisiones de derechos humanos del país pidieron a las autoridades federales, locales y relacionadas con la política migratoria, “priorizar en sus políticas de Estado los principios de solidaridad y de cooperación internacional para humanizar la gobernanza de la movilidad internacional”.
De igual manera, sugirieron adoptar la Resolución 4/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiados, apátridas, y las víctimas de la trata de personas”, que destaca que “los movimientos migratorios requieren formas de protección diferenciada e individualizada”.
La FMOPDH aconsejó considerar las buenas prácticas en la materia, “como ejemplos para la atención, así como línea base para abonar a la construcción de propuestas integrales con enfoque de derechos y de forma intersectorial e intersecretarial”.
Asimismo, recomendó “establecer mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para garantizar condiciones dignas en los albergues y lugares habilitados para la estancia” de las personas migrantes, atendiendo la vulnerabilidad a la que están expuestas, así como garantizar el acceso a la salud y educación, al igual que las oportunidades laborales para quienes prolonguen su estancia en el país.
Los organismos que integran la FMOPDH pidieron establecer mesas de trabajo para generar políticas públicas “que den atención de fondo a la crisis migratoria que actualmente se vive”, con la que se comprometieron a participar en su construcción y reiteraron su compromiso para garantizar los derechos humanos de las personas en condición de movilidad.
