- Antes del 15 de marzo, rendirán protesta los nuevos consejeros del IEE
- Es trabajo de PGJE integrar profesionalmente las AP para que no salgan delincuentes por falta de elementos
Una vez que se concluya el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio en el Congreso local, se convocaría a un periodo extraordinario para sacar, entre otras iniciativas, la de la Ley de Seguridad Pública, que el Ejecutivo envió en enero de este año, previó ayer el presidente de la comisión de gobierno, el priísta Fernando Palomino Topete.
El legislador afirmó sobre esta ley que “efectivamente tenemos que revisarla y estamos concientes que la tiene que trabajar, como creo lo está haciendo, la comisión de seguridad que preside el diputado José Robles”, quien a su vez ya ha informado de reuniones privadas de trabajo conjunto con representantes del Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Calculó que pudiera ser dada a conocer al grupo parlamentario del Revolucionario Institucional la próxima semana, después de clausurados los trabajos del periodo ordinario; así, el eventual extraordinario se estaría realizando entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril.
Mientras tanto, continúan en discusión y con posibilidades de ser aprobadas antes del 15 de marzo, entre otras en el transcurso de la semana será aprobadas en comisiones, la toma de protesta de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), el grupo de cinco iniciativas encaminadas a agilizar los trámites de adopción, la implementación de contenedores especiales para la separación de basura en los nuevos y la emancipación del ministerio público respecto del Ejecutivo.
Trabajo de la PGJE, tema que el legislativo pondrá sobre la mesa en reunión de los tres poderes
Con respecto a la reunión que el gobernador del estado manifestó su interés por sostener con los poderes Legislativo y Judicial, tras ser cuestionado sobre las lagunas por las que delincuentes quedan libres bajo fianza, Palomino Topete señaló que esa situación “es por la falta de profesionalización (en la integración) de las averiguaciones previas, que competen al Ejecutivo y específicamente a la Procuraduría General de Justicia (PGJE)”.
Indicó que, en este aspecto, corresponderá al Ejecutivo evaluar y mejorar su trabajo, defendiendo que los diputados “tratándose de penas que deben elevarse en cierto tipo de delitos, hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde”, al igual que en cuanto a aportar elementos para la profesionalización de la PGJE.
A la par de este tema, coincidió con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ), el Congreso pondría sobre la mesa en esa reunión el tema de la implementación del sistema de justicia penal adversarial, para el que la federación fijó un plazo de ocho años para entrar en vigor y que se pretende en 2010 avanzar hasta la implementación de juicios orales en materia de narcomenudeo.
