- Si genera averiguaciones más profesionales, dará celeridad a resoluciones judiciales
- Descarta Enrique Rangel que sucesión en la PGJE se dé como la del Consejo del IEE
Si la recién concedida autonomía al Ministerio Público deriva en una mayor eficiencia y calidad del trabajo, beneficiará de manera indirecta al Poder Judicial, evaluó esta mañana el titular de éste, Juan Arturo Muñiz Candelas, aunque advirtió que esa autonomía no es “por sí” garantía de una mejor integración de las averiguaciones previas.
Muñiz Candelas se manifestó a favor de esta reforma constitucional y advirtió que a raíz de ella, “tiene que haber un mejor manejo de personal, una preparación, capacitación constante de los elementos” que integran el Ministerio Público, previo proceso de selección “en donde sean exigencias muy claras en el manejo de la ley”.
Consideró que la capacitación “debe centrarse” en “que tengamos una mejor policía” y peritos capaces, pues una investigación profesional será la base para el inicio de una acción penal; “va a haber la posibilidad que exista, que se hagan las adecuaciones a la norma para que la acción penal se privatice”, refiriéndose a la posibilidad de que la víctima del delito ejerza la acción penal “sin Ministerio Público de por medio que lo pueda coartar”.
Si esto se da, previó, “va a ser más fácil resolver los asuntos” porque habrá averiguaciones previas mejor integradas y, por lo tanto, investigaciones con más elementos y más claridad que le permitan al juez emitir una resolución.
Por su parte, el presidente de la comisión de justicia en el Congreso, Enrique Rangel Jiménez, destacó del contenido de la reforma la intención de generar mayor equilibrio entre los tres poderes y la implementación del servicio civil de carrera pues “a través de los méritos, a través de la calidad de los servicios” sea como se elija al procurador general de justicia del estado.
En este sentido, descartó que el eventual relevo de Edgardo Valdivia al frente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) pudiera verse inmerso en una situación similar a lo vivido con la renovación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), luego de que explicara que para designar a su sucesor de una terna que enviara el ejecutivo, el fiscal en funciones deberá pedir licencia de su cargo.
Rangel Jiménez manifestó que “esto no vendría a afectar y obviamente también tendría que hacerse dentro de un proceso donde participe el ejecutivo”, recayendo la decisión final en el legislativo, a manera de un sistema semi parlamentario.
Indicó que en la confección de la nueva ley orgánica participarán la presente legislatura, que termina su encargo el 15 de noviembre y la siguiente, que entraría en funciones ese mismo día, consultando con especialistas de la propia PGJE.
Aún cuando el gobernador, por ley, no tiene facultad de veto a reformas constitucionales, el diputado sostuvo lo contrario y advirtió que la publicación de esta y las otras consideradas “históricas” en la entidad y “de fondo”, está sujeta a la aprobación de cuando menos ocho ayuntamientos, por lo que previó se dará en aproximadamente ocho meses.
