- Falta todavía desahogar del caso a otros cuatro presuntos responsables
- También, determinan cesar del servicio público por más de dos años a ex director de recursos humanos
La contraloría municipal de Aguascalientes notificó el día de ayer al síndico de Hacienda, Joel Castañeda Guerrero, el hecho de quedar inhabilitado por diez años para trabajar en el servicio público, bajo el argumento de que realizó una mala administración del proceso de compra del helicóptero de seguridad pública.
Esta es la segunda inhabilitación más importante, ya que anteriormente la dependencia municipal emitió una sanción por trece años. El contralor municipal, Alejandro Regalado Díaz, detalló que entre las omisiones encontradas en responsabilidad de Castañeda Guerrero está la de la importación de la aeronave, por la que el ayuntamiento capital tuvo que pagar cuatro millones de pesos más de los contemplados en la transacción con el concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Este monto no descartó que el acusado tenga que regresarlos, pero determinó que primero debe de desahogarse todo el recurso y que hasta no quedar también concluido el proceso penal, es cuando podrá conocerse quién es el que paga esta cantidad, abriendo la posibilidad también de que la empresa demandada sea la que devuelva el dinero.
“El asunto está en que se modificaron las condiciones de entrega del contrato, se licitó con entrega en la ciudad de Aguascalientes, se contrató con entrega en la ciudad de Laredo, Texas; y aún cuando así estaba el contrato, se entregó tácitamente, hasta la fecha, la empresa no nos ha entregado, por eso está en litigio ese contrato, nos entregaron en la ciudad de Aguascalientes, eso modificó radicalmente las condiciones de pago de la aeronave, entonces, esa mala administración, él se asume como secretario de Administración en su momento, pues él era el responsable de garantizar la adquisición de los bienes que ocupa el municipio”.
Ahora, el Cabildo es el que deberá de aprobar esta inhabilitación, porque desde la perspectiva de Regalado Díaz el fuero no aplica en temas administrativos como es el caso, sin embargo, deberá de concluirse en primer término todos los recursos interpuestos por el presunto responsable y hasta que esto finalice, es el ayuntamiento el que deberá de aplicar la medida correspondiente por ser el jefe jerárquico.
Las investigaciones en torno a reconocer los responsables de omisiones en la compra del helicóptero siguen, por el momento están esperando la resolución de cuatro personas más, entre las cuales se encuentra el ex secretario de seguridad pública municipal, Juan Francisco Gavuzzo Navarro, mientras que el nombre de los tres más prefirió reservarlo, sin arriesgarse a hacerse acreedor a una recomendación por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Estas cuatro personas aseguraron que ya han sido notificadas como corresponde al proceso y actualmente están pasando por el desahogo de las pruebas.
El contralor municipal dijo que a partir de este momento, el síndico de Hacienda cuenta con quince días hábiles para interponer una apelación en las instancias de impartición judicial, contemplando que la contraloría hizo su trabajo y quedará de un tercero si la sanción se aplica o sucede lo contrario.
Aunque desde su perspectiva el tema podría agotarse en aproximadamente un mes más, aseguró que para el final de la administración municipal van a quedar resueltos todos los temas que están actualmente en cartera.
“Iniciamos la investigación como en mayo, junio, casi nueve meses, ocho meses nos llevó, que fue el caso también de la ex contralora, también nos llevó más de año y medio, pero es que, insisto, hay muchos procedimientos intermedios que esto alarga, y hay términos que tienes que dejar correr y cuando se inconforman, etcétera”.
Otro de los inhabilitados por ejercicio indebido de la función pública en esta semana es el ex director de recursos humanos, César Romero, al que se le atribuye un pago no pactado con la empresa que instaló la pista de hielo en diciembre del 2008, el pago fue de 600 mil pesos que no estaban contemplados en el contrato.
Explicó que el servicio sí fue brindado a través de la contratación de una planta de luz, pero por la falta queda fuera de cualquier cargo como servidor público durante 2 años y 6 meses.
