La Fiscalía General de la República ha pedido por segunda ocasión la aprehensión de 31 personas bajo denuncia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por tres delitos: peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los individuos acusados son académicos, científicos e investigadores que pertenecen a distintas instituciones de educación superior y algunos tenían cargos de relevancia dentro del propio CONACyT.
Se señala que se transfirieron 200 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C. para actividades que están en manos del propio CONACyT. Las personas acusadas estuvieron a cargo de comités que autorizaron estas asignaciones de recursos públicos entre 2013 y 2018, aunque de acuerdo a su versión todo estuvo dentro del marco legal, pues dicho Foro se encuentra dentro de la normativa de operación de CONACyT.
En pocas palabras, el caso de la FGR argumenta que se estableció un esquema de transferencia de recursos públicos de forma irregular utilizando como fachada el Foro Consultivo. No obstante, previamente se habían hecho ya estas peticiones de aprehensión, las cuales fueron desechadas por un juez federal de control del Centro de Justicia Federal.
Este juez se negó a procesar la solicitud ya que no son suficientes las evidencias presentadas por la Fiscalía para imputar los delitos mencionados. Por lo tanto, ordenó a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO), órgano al que corresponde el caso, que reúna más información y robustezca sus pruebas para pedir las órdenes de aprehensión nuevamente. Cabe señalar que los crímenes por los que se acusa a estas académicas requieren de prisión preventiva de oficio, por lo que llevarían su proceso en la cárcel en caso de ser aprobada su captura.
Otro punto a tener en cuenta es que en 2019 se decidió dejar de transferir recursos a este Foro Consultivo. La dirección del CONACyT argumentó, como lo hace ahora, que no hay razón para que dichos fondos fueran asignados a esta asociación, pues sus actividades son responsabilidad del mismo organismo gubernamental y no hay necesidad de terceros. En consecuencia se presentó la primera denuncia a la FGR y las subsecuentes solicitudes de arresto.
El Foro Consultivo presentó un amparo en consecuencia, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta determinó que no hubo ilícitos en su operación o financiamiento, sin embargo determinó no conceder el amparo que les devolvería los recursos.
A pesar de los antecedentes establecidos por la SCJN y el juez de control, el CONACyT y la FGR insisten en procesar penalmente a las personas involucradas en la operación del Foro. Al momento no se han aprobado o negado las nuevas órdenes de captura, por lo que las acusadas están en libertad.
