- Pidió al IIL un estudio de derecho comparado con legislación en otras entidades
- Si se aprueba, tendría que “derivarse una ley en la materia”, señala Rodríguez Lozano
A casi dos años de su haberla presentado en el Congreso del estado, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) encargó al Instituto de Investigaciones Legislativas (IIL) un estudio de derecho comparado, a fin de sacar de la congeladora la iniciativa de reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Martínez González, afirmó que la solicitud de este estudio tiene la intención de “sensibilizar” al grupo parlamentario del PRI, al que ha acusado reiteradamente de mantener la iniciativa en la congeladora y haberla turnado a cinco comisiones para darle un lento avance, para que “si no la quiere aprobar, que no la apruebe, pero ya sacarla”, como se ha hecho en otros 19 estados.
El titular del IIL, Lorenzo Rodríguez Gallardo, informó que mediante este trabajo se comparará el caso Aguascalientes con otras entidades del país, “cómo han legislado” tanto aquellas que tienen este candado contra el aborto, como algunas que no, y “establecer un juicio de valor sobre la procedencia jurídica de la reforma”, teniendo como fecha límite el 23 de abril.
Señaló que el estudio “pretende darle claridad al asunto de la protección a la vida, que para algunos constitucionalistas no estaba totalmente precisado en el texto de la Constitución y ahora lo que quieren es precisarlo con todo de detalle” y, si se aprueba, “tendrá que derivarse una ley en la materia”. El reto, dijo, “es conciliar un asunto de salud pública, con asunto de principios jurídicos”.
Contrario a lo que en su momento se afirmara, el titular del IIL negó que para la iniciativa que motivó la resurrección de este tema en la bancada blanquiazul, la del PRD para despenalizar el aborto en la entidad, se hubiera encomendado un estudio similar.
Indicó que el único trabajo de este tipo encargado por la legisladora perredista con licencia, Nora Ruvalcaba, fue una que analizaba la viabilidad del divorcio exprés y que resultó en una negativa justificada en que “hacer una ley para que la familia se desintegre vía fast track iría en contra de la Constitución”.
En ese sentido, no descartó que la iniciativa de despenalizar del aborto resulte anticonstitucional “en la medida que puede generar desintegración familiar, podría ser una forma también de ir en contra” de la protección a la familia consagrada en la Carta Magna.
Aún cuando apenas la semana pasada se pidió la ejecución de la investigación, Martínez González aseguró que calificó el estudio como un “trabajo complementario” para presentarlo ante las comisiones a las que fue turnada la propuesta, ninguna de las cuales la ha dictaminado.
