La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Georgina Barkigia Leal reconoció que la petición de 24 millones de pesos que solicitaron al gobierno del estado para ampliar su presupuesto, no podrán dárselos en su totalidad porque “es un año de austeridad” aunque no descartó un aumento que más tarde el secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes reveló de alrededor seis millones de pesos más.
Con todo esto, a casi dos meses de presentarse la jornada electoral el IEE no ha podido lanzar la licitación correspondiente para contratar el servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), esto porque tiene un costo aproximado de cuatro millones de pesos, según el proveedor dictamine y el organismo requiera. “Sabemos que el PREP es el instrumento que le da certeza a los resultados electorales, porque la ciudadanía los está recibiendo a partir de las ocho del noche en forma continua a medida de que van llegando los resultados de las casillas”.
Las expectativas consideró que van creciendo pero “no tenemos en este momento las posibilidades de licitar pero esperamos que para la próxima semana ya lo tengamos”, indicó respecto al programa ocupado el día de las elecciones, mismo que sirve para exponer a la ciudadanía a través de internet sobre los resultados de las actas computadas hasta el momento, dotando de información real. El software ha sido ya contratado en otras de las entidades donde hay también comicios.
Ya hubo reuniones con el gobierno del estado y el Congreso, de las cuales, la consejera refirió que aún no han llegado a las conclusiones correspondientes a pesar del adelantado que diera el secretario general de Gobierno.
Entrevistada en el marco de una reunión con servidores públicos del estado, la consejera presidenta comentó que hasta ahora no existe una sola denuncia respecto a desvío de recursos o utilización de los mismos como instrumento de cooptación de votos, pero de antemano invitó a la ciudadanía a presentar su queja si es que consideran existen elementos suficientes para determinar una sanción conforme a lo estipulado en el Consejo electoral.
Adelantó qué los programas de asistencialismo social deberán de contar ya con un padrón bien delineado y específico para que no haya prácticas clientelares, pero que finalmente las dependencias de Desarrollo Social tienen el derecho de seguir repartiendo los apoyos con la excepción de hacer publicidad respecto a la entrega de los mismos.
“Tengo entendido que así ha pasado en otros procesos electorales, que en cuanto comienzan las campañas todo lo que es gobierno cierra, se podría decir sus almacenes, sus bodegas de las ayudas a la ciudadanía”, subrayando que difícilmente llegan a darse estas prácticas.
Finalizó en que la vigilancia de estas reparticiones sugiere en gran medida el seguimiento del padrón de beneficiarios publicados en la página de transparencia de cada dependencia de gobierno.
