Pese al sueldo de 200 mil pesos mensuales, los miembros de la junta no han instrumentado las reglas generales para determinar la información de interés nacional.
Diputados priístas solicitaron la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que explique las tareas realizadas y los resultados obtenidos durante 2009, debido a que el informe de actividades presentado por la Junta de Gobierno da lugar a dudas sobre la efectividad de las actividades realizadas.
En voz del diputado federal David Hernández Vallín, afirmaron que es una entidad “que no administra”, por lo que exhortó a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno de dicho Instituto.
“A más de un año de haberse integrado, la Junta de Gobierno del INEGI, no administra, porque cada vez son más los casos de trabajadores que se han manifestado ante sus representantes sindicales y populares para solicitar apoyo, toda vez que no encuentran los canales institucionales que den cauce a sus demandas laborales. Son víctimas de la falta de sensibilidad de las autoridades del Instituto”, subrayó el legislador por Aguascalientes.
Asimismo, indicó que los miembros de dicha junta –que devengan en promedio un sueldo bruto mensual de alrededor de 200 mil pesos– no han instrumentado las reglas generales para determinar la información de interés nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2009.
Tampoco han publicado los programas de mediano y corto plazo que obliga la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y eso es desgobierno que no se puede permitir”, puntualizó.
Hernández Vallín aseguró que ante estas anomalías, el contenido del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicado el pasado 16 de abril, está lejos del nivel de aspiraciones que el Estado mexicano y la sociedad esperan del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ya que es predominantemente metodológico más que indicativo del desarrollo al que se aspira en este campo, y que el país demanda para su avance y su crecimiento.
Por ello, exigió el cumplimiento cabal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.
“La actuación de los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI, con estas actitudes y con la creación de plazas de nivel de subsecretario para abultar la burocracia, han dado muestra de que ni gobiernan ni administran”, sentenció David Hernández Vallín.
