APRO/Patricia Dávila
Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso –operación encubierta responsable del ingreso masivo de armas de alto poder a México–, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
La FGR retomó la investigación en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos apenas había cerrado el caso.
Con Rápido y Furioso la ATF permitió a “civiles” la compra masiva de armas de alto poder que se suponía serían rastreadas desde su salida de la armería hasta su usuario final. Su objetivo: desarticular el tráfico de armas a México. Fue un fracaso y más de 2 mil 500 artefactos siguen en el país, en manos de cárteles.
Con el cierre de la investigación en Estados Unidos quedó sin conocerse el número exacto de armas que Rápido y Furioso permitió ingresar a México ni cuántas fueron decomisadas y cuántas siguen en la calle. Tampoco se conoce cuántas personas han sido asesinadas o heridas en ambos países con esas armas.
Desde 2010 autoridades y agentes estadounidenses involucrados en la operación han hecho declaraciones contradictorias en cuanto a si funcionarios del gobierno mexicano sabían de ella. De acuerdo con sus versiones, al menos, se enteraron los extitulares de la PGR Marisela Morales y Eduardo Medina Mora. El expresidente Calderón negó haber sido informado.
El 19 de mayo de 2020 el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una nota diplomática a Estados Unidos para conocer los detalles de Rápido y Furioso. Aseguró que el gobierno estadounidense ya revisaba dicha nota diplomática. Más de un año después, no hay respuesta.
En 2021, a 12 años de Rápido y Furioso, la FGR no ha consignado ni judicializado alguna carpeta de investigación.
Pocas han sido las capturas realizadas. Una de ellas fue la de Heraclio Osorio Arellanes, identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, quien murió el 14 de diciembre de 2010 en Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.
De Los Zetas se detuvo a Jesús Enrique Rejón Aguilar y a otros integrantes de su organización, a quienes se extraditó por la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, y por el intento de homicidio del agente Víctor Ávila, en San Luis Potosí, en febrero de 2011.
El pasado 7 de abril se difundió que Calderón era uno de los más de 20 exfuncionarios que pudieron tener alguna responsabilidad en el desarrollo de Rápido y Furioso. Por lo pronto, fue interrogada la exprocuradora Marisela Morales.
Dos meses antes de Morales, compareció Facundo Rosas, quien fue subsecretario de Seguridad Pública y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico.
La indagatoria, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, también ha recabado declaraciones de otras personas que entre 2009 y 2011 laboraron en la PGR o en el Servicio de Aduanas, así como de funcionarios que ocuparon posiciones de mando y debieron conocer la operación.
El 13 de enero de 2011 Proceso publicó que el gobierno de Barack Obama comunicó al de Calderón la designación de William Newell como agregado de la ATF a la embajada de Estados Unidos en México.
Hasta antes de su nombramiento era el agente especial encargado de la ATF en Phoenix, Arizona, donde abundan las tiendas que venden armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga.
Newell se vio implicado en el escándalo de la operación Rápido y Furioso: fue uno de los responsables de aplicarla y se opuso a informar de ella a las autoridades mexicanas, según afirmó a este semanario Mike Vanderboegh, un “activista de la Segunda Enmienda y crítico de la ATF”, que dijo haberse dedicado durante 15 años a seguir las actividades de esa agencia.
El 3 de febrero de 2011 Vanderboegh envió una carta a Salvador de Lara, cónsul de México en Atlanta, donde le resumió las características de dicha operación y señala que “era inevitable que una o más armas que transitaron al sur sin notificar a las autoridades, terminarían en manos de criminales”.
Vanderboegh dice que Newell ocultó los detalles de la operación a Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, quien se enteró por otros agentes “de lo que estaba ocurriendo”, por lo que “tuvo una confrontación con Newell sobre si el gobierno mexicano debía ser notificado”.
Según Vanderboegh, “Newell insistió en que no habría ninguna notificación a las autoridades mexicanas”, por lo que Gil contactó a sus superiores en Washington, quienes respaldaron la posición de Newell.
Realmente la primera denuncia de Rápido y Furioso apareció a mediados de diciembre de 2010 en CleanUpATF.org, un portal en internet que, según sus creadores, es alimentado por “miembros de la comunidad de la ATF que intentan promover la restauración de la integridad, rendición de cuentas y responsabilidad de los líderes” de la agencia.
El primer decomiso de armas de Rápido y Furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 a una ciudadana estadounidense en Naco, Sonora. Eran 41 fusiles AK-47 y un rifle Beowulf calibre .05. Pertenecían al Cártel de Sinaloa.
En abril de 2011 la PF incautó una casa al norte de Ciudad Juárez. Era de José Antonio Torres Marrufo, el Marrufo, jefe del Cártel de Sinaloa en esa plaza. Había una ametralladora antiaérea calibre .30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (matapolicías), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar y máscaras antigás.
Agentes de la ATF rastrearon las armas: eran de Rápido y Furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y con anuencia de la ATF las envió a El Paso, Texas, donde el Cártel de Sinaloa las “cruzó” por la frontera.
