El 70 por ciento de los mil 25 encuestadores del estado serán mujeres
El censo tendrá un costo de 60 millones de pesos en el estado de Aguascalientes
Desde el próximo lunes 31 de mayo y hasta el 25 de junio se efectuará el Censo General de Población y Vivienda que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en toda la República. En Aguascalientes participarán mil 800 personas en el censo, de las cuales mil 25 serán encuestadores y supondrá un 1 por ciento de los 6 mil millones de pesos que costará al Inegi el censo a nivel nacional.
Ana María Ruiz Esparza, coordinadora estatal del instituto destacó que los cambios que se prevén más notorios en Aguascalientes con respecto al anterior censo de hace diez años “son observables en la proliferación de las cerradas”, así destacó que “ahora, prácticamente cada vez que se construye un fraccionamiento es cerrado”. Por otro lado, “la zona oriente de la ciudad se ha poblado” de forma exponencial en los últimos años.
Así, Ruiz Esparza aseguró que en los resultados se verán cambios evidentes al oriente de la ciudad y particularmente en los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, que han pasado de ser localidades apartadas de Aguascalientes a convertirse en áreas conurbadas.
Paralelo al crecimiento de las zonas urbanas y a la construcción, el censo contará las viviendas que se encuentran deshabitadas. La hipótesis previa que maneja el Inegi es que, en Aguascalientes, en torno a un 12 ó 14 por ciento de las viviendas están deshabitadas.
El cuestionario diseñado para el censo de este año incluye cuestiones que anteriormente no se han planteado pero que, por la evolución de la sociedad, son pertinentes hoy en día. Por ejemplo, se preguntará en cada vivienda si dispone de conexión a internet y si, en caso de contar con línea telefónica, ésta es fija o móvil.
“Muy seguramente nos vamos a encontrar que hay más viviendas con piso pavimentado en lugar de recubrimiento de tierra”, fue otra de las consideraciones que destacó Ruiz Esparza en relación a las cuestiones socioeconómicas que incluye el censo.
En relación al presupuesto destinado en la entidad para el censo, la coordinadora estatal destacó que “Aguascalientes casi siempre le implica al país el uno por ciento (…) y el censo cuesta a nivel nacional 6 mil millones de pesos”.
El Inegi se deslinda de la polémica con la iglesia
En cuanto a la polémica surgida recientemente acerca de una declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera en la cual instaba a boicotear el censo por que el Inegi pretendería hacer ver que en México hay menos creyentes católicos, Ruiz Esparza destacó que “hubo una confusión”. “En el estado de Aguascalientes hemos recibido siempre el apoyo de la iglesia católica”, sobre todo en tareas de difusión de la labor del Inegi y en el préstamo de espacios para cursos de capacitación.
Así, la coordinadora estatal del instituto dio a conocer la pregunta que causó la polémica al interior de la iglesia. “¿Cuál es la religión de…?” Es todo lo que el Inegi preguntará en materia de creencias religiosas.
Desde la planeación del censo se hace una actividad de actualización cartográfica en la cual, por medio de “fotoidentificadores”, el instituto rastrea todos los puntos donde hay viviendas. Una vez completado este proceso de identificación, se verifica sobre el terreno que las construcciones que existen y se procede a asignar encuestadores a cada área. De preferencia, el Inegi busca que aquellas personas que van a efectuar la encuesta residan cerca al área que se les asigna.
En promedio, a cada encuestador le tocará asistir a 350 viviendas en el periodo en que se efectuará el censo. Sin embargo, las zonas rurales presentan una “productividad más baja” que las urbanas.
Hasta el lunes 31 de mayo que comienza la aplicación del censo se estará llevando a cabo una tarea de capacitación para los encuestadores de forma teórica y práctica.
Durante el periodo de aplicación de los cuestionarios, todos los encuestadores han de portar el uniforme que dictamina el Inegi. A saber, chaleco, mochila, gorra y un gafete identificativo con todos los datos de la persona. Con estas medidas, se asegura la confianza de la ciudadanía en el censo y se evita cualquier malentendido entre la población y el instituto.
