- Preocupa a los políticos más su imagen que la sanción económica
- Reiteran pronunciamiento en contra de instancia que revise sus sentencias
Al reconocer que todavía hay lagunas legales en materia de acceso a la información, presidentes de los Institutos de Transparencia de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y otros estados insistieron en el llamado a los medios de comunicación para convertirse en "nuestros aliados" para difundir el derecho de acceso a la información, al igual que las violaciones de la autoridad al mismo y para exhibir a aquellos que las incumplen. A la vez, reiteraron su postura en contra de que tribunales contenciosos revisen sus resoluciones como se pretende.
Para entrar al tema de la importancia de la mancuerna entre los órganos garantes y los medios de comunicación, Ana María Martínez Cabello, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán (ITAIMICH), relató su experiencia al haber rechazado el instituto que encabeza, que rechazó que se le diera la facultad sancionadora “porque al político no le interesa la sanción económica, le importa la imagen pública”.
Tanto ella como sus homólogos de otros estados coincidieron en ello argumentando que la mayoría de las leyes existentes ya contempla sanciones en caso de incumplimiento de la ley, para cualquier funcionario que incurra en ella.
En ese sentido, la comisionada señaló a los medios de comunicación como “nuestros mejores aliados en la difusión de este derecho y en la garantía misma” de que se cumpla a cabalidad. Mencionó que esto puede llevarse a cabo gracias a que las sesiones de estos institutos son públicas, de modo que tanto la ciudadanía como los medios pueden conocer las resoluciones y el acato o desacato en que incurren los sujetos obligados.
Durante una rueda de prensa conjunta, los encargados de garantizar el derecho de acceso a la información en la región reiteraron su rechazó a disposiciones como las que se pretenden tomar en Campeche y al nivel federal, para que los Tribunales Contencioso Administrativos revisen y pueda revocar las sentencias de los institutos de transparencia
Por su parte, el comisionado presidente del Instituto de Aguascalientes (ITEA), Octavio López Rodríguez, admitió que “desgraciadamente quisieron, quieren aún, hacer trajes a la medida”, como es el caso de las reformas constitucionales que se tienen pendientes en Baja California y Campeche.
En el primer caso, indicó, no hay un órgano garante, están pendientes cinco iniciativas de ley de transparencia y “el ejecutivo estatal impulsa, a través de otros actores políticos, otras reformas en retroceso al acceso, tratando de imponer una instancia superior al órgano garante”.
Hasta ahora, explicó, “las resoluciones que emitimos los institutos y las comisiones son inatacables, o sea, solamente es a través del juicio de garantías”, pero en el caso de esas entidades se tiene la intención de reformar la ley para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueda revisar y hasta revocar esas resoluciones, lo que a su juicio sería inconstitucional porque crearía procedimientos más largos.
Con respecto a la normativa en protección de datos personales, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, pero que entrará en vigor a partir de 2011, Noé Larios Carrasco, titular del instituto de la primera entidad en contar con esta protección, Colima, consideró que la parte que corresponde a los organismos es la de fomentar la cultura del ejercicio tanto del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Llamó a la ciudadanía a denunciar el mal uso de sus datos ante la Procuraduría General de la República (PGR) cuando sospeche que correspondió a una instancia federal, o ante la Procuraduría estatal (PGJE), si cree que podría atarse de un delito del fuero común.
