- Detectaron casi 400 mil pesos como posible daño al erario solamente en el ejercicio del gasto financiero
- También hubo un posible daño al erario de 180 mil pesos en el Programa de Devolución de Derechos
En un contexto donde mensualmente llegan en promedio 200 quejas en contra de Veolia por el ineficiente servicio de agua que hay en la ciudad, el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) detectó irregularidades por 596 mil 686 pesos con 76 centavos en el ejercicio del gasto de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama).
De acuerdo al dictamen de la revisión que hizo el Osfags, consultado por LJA.MX, Ccapama tuvo 22 observaciones; una fue al diseño de su control interno, otras 10 al ejercicio del gasto financiero, y otras 11 al ejercicio de gasto para obra pública. Incluso, para cuando se aprobó el dictamen todavía faltaban 11 observaciones por solventar, la mitad de todas.
En el 2020, todavía durante la presidencia de la hoy diputada plurinominal federal Teresa Jiménez Esquivel, quien dirigía a Ccapama, José Refugio Muñoz de Luna, quien actualmente, en el gobierno del también panista Leonardo Montañez, todavía tiene ese puesto.
Las irregularidades que encontró el Osfags en las cuentas públicas de Ccapama durante el 2020 y por las cuales se presume un daño al erario de casi 600 mil pesos, se encuentran en su mayoría en el ejercicio del gasto directo del organismo, pero también en algunos fondos federales que se usaron.
En el ejercicio del gasto financiero de Ccapama se encontraron irregularidades que ascienden a un probable daño de 399 mil 908 pesos con 40 centavos; otros 180 mil 711 pesos con 33 centavos se presumieron como probable daño al erario derivados del ejercicio en gasto de inversión pública a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), pero del 2019, así como otros 16 mil 657 pesos con 60 centavos derivados del Programa Directo de Ccapama.
De las 11 observaciones no solventadas al momento de que se aprobó el dictamen, cinco fueron recomendaciones, nueve terminaron en promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra algún servidor público y otras cinco terminaron en pliegos de observaciones, todas ellas tendrán que resolverse para definir realmente de cuánto fue el daño que las irregularidades encontradas generaron al erario.
