Fotografías e información de la detención fueron publicados en dos impresos
Tiene titular de enlace de la dependencia 15 días para aportar pruebas a su favor
Por presuntamente haber revelado los datos personales y las fotografías de un ciudadano detenido por agentes ministeriales a dos medios de comunicación impresos de circulación local, el Instituto de Transparencia del estado de Aguascalientes (ITEA) inició la semana pasada un proceso sancionatorio contra el titular de la unidad de enlace de transparencia de la Procuraduría General de Justicia local (PGJE).
De acuerdo con la sentencia dictada en sesión pública del miércoles 9 de junio, el funcionario será sancionado conforme la Ley de Procedimiento Administrativo, otorgándosele un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación “a fin de que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que cuente”, no obstante que la sanción se impuso al haber omitido rendir un informe justificado lo que, conforme la Ley de Transparencia de Aguascalientes “hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado”.
Mediante el recurso de inconformidad que abrió el expediente 29/20010, el ciudadano denunció en abril pasado que los titulares de enlace de transparencia, tanto la PGJE como de la secretaría del Ayuntamiento y de la dirección general de gobierno del municipio capital, revelaron sus datos personales luego de haber sido detenido, acusado de reventa de boletos.
Durante la detención, manifestó el recurrente, agentes ministeriales le solicitaron su nombre, edad, domicilio y ocupación, además de tomarle fotografías “forzándole a levantar la cara”, en tanto que un juez calificador encargado de despacho le requirió momentos después esa misma información.
Aseguró que tres días más tarde, la puesta a disposición fue publicada en dos medios locales, conteniendo los datos que había dado de manera voluntaria a la autoridad, “situación que le injuria gravemente” y que si bien no cuenta con las pruebas para afirmarlo, sospecha que la entrega de los datos se hizo el mismo día de la detención.
Para resolver en el sentido en que lo hizo, el ITEA informa que las autoridades municipales presentaron en su informe pruebas de que dichos datos no estuvieron nunca en su poder y toma en cuenta que en su acusación el recurrente menciona que quienes le tomaron la información y lo fotografiaron fueron elementos de la policía ministerial, en tanto que la PGJE hizo caso omiso de la solicitud del informe.
El instituto refirió sobre el suceso “lo considera a todas luces violatorio” del honor como derecho a la vida privada y estableció en el documento que “toda autoridad pública tiene el deber de salvaguardar la información de acceso restringido, toda vez que la restricción obedece a un interés superior, que en el presente caso es la salvaguarda de la integridad de la persona” y de la no interferencia en su vida privada.
