CIUDAD DE MÉXICO.— Alrededor de 85 millones de personas en América Latina y el Caribe padecen algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 14.7% de la población de esa región del planeta, en la cual se encuentra México, señala el más reciente reporte del Banco Mundial.
En este informe, dado a conocer con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, el Banco Mundial advierte que la pobreza y la discapacidad se alimentan mutuamente, pues en uno de cada cinco hogares en situación de pobreza extrema, de esta región, vive alguna persona con discapacidad. Y cerca de siete de cada 10 hogares donde hay una persona con discapacidad son más vulnerables a caer en la pobreza ante una situación de crisis.
El Banco Mundial hace énfasis sobre la discriminación en que viven estas personas, pues se enfrentan a muchas barreras físicas, sociales y legales, por lo que hace falta construir un futuro mas incluyente y próspero, ya que –según datos obtenidos a nivel global— la exclusión de los discapacitados representa perdidas de entre 3 y 7% en el PIB en cada país.
Titulado Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: un camino hacia el desarrollo sostenible, el reporte afirma categórico que el 15% de los niños discapacitados no van a la escuela y una de cada dos personas con discapacidad no participa en el mercado laboral, de ahí las pérdidas que esto representa para los países.
Indica que en México, Brasil, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, las personas con discapacidad tienen 24% menos de probabilidades de completar su educación primaria. Pero si además pertenecen a una minoría etnorracial, ya tienen 30% menos probabilidades. De ahí que la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes tienen todavía mayores desventajas.
También aumenta esta desigualdad con base en el género, por ejemplo, en los hogares que están a cargo de una mujer. En este mismo sentido, el informe indica que son precisamente mujeres quienes más se hacen cargo de cuidar a las personas con discapacidad, sin recibir remuneración. El valor del trabajo de cuidados no remunerado oscila entre el 16% y el 25% del PIB.
Ante esta situación, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, señaló:
“En América Latina y el Caribe tenemos por delante una enorme tarea de reconstrucción de las economías luego de una de las crisis más devastadoras, provocada por la pandemia de covid-19. Y la evidencia global muestra que el crecimiento por sí solo no será suficiente para reducir las inequidades que ya existen”.
Y agregó:
“Las personas con discapacidad deben poder participar plenamente en la vida pública, sin sufrir discriminación alguna, ni marginación en escuelas o lugares de trabajo. Además, deben poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida, para poder contribuir a la reconstrucción de nuestros países”.
Por su lado, María Elena García Mora, especialista sénior en desarrollo social del Banco Mundial, y autora del reporte, declaró a la agencia EFE que en Latinoamérica y el Caribe se debe trabajar “urgentemente” para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, ya que la exclusión es insostenible y no permite el desarrollo pleno de los países de la región.
El Banco Mundial indica que el número de personas con discapacidad tenderá a aumentar en el futuro, debido al envejecimiento poblacional y a que las discapacidades se acumulan conforme se tiene mayor edad.
Y aporta las siguientes estadísticas: se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de los 59 millones que hay en la actualidad a 196 millones para el año 2050, lo cual obliga a los gobiernos de la región a avanzar en políticas inclusivas, como empoderar a las organizaciones de personas con discapacidad, eliminar los estereotipos discriminatorios y tener objetivos claros y medibles para mejorar la situación de esta población vulnerable.
Si no se llevan a cabo estas políticas –concluye el informe—se pondrá en riesgo la sustentabilidad de largo plazo de la recuperación post pandemia.
