Con la participación de representantes de los tres poderes de gobierno, así como de las instituciones de educación superior y colegios de profesionistas, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, instaló el Comité Estatal de Coordinación para la Implantación de Justicia Penal.
Acompañado del diputado Jorge Ortiz Gallegos, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado; y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Arturo Muñiz Candelas, entre otras personalidades, Reynoso Femat comentó que la instalación de este comité es un acontecimiento trascendental para la impartición de justicia.
Señaló que con este comité, “en Aguascalientes nos declaramos a favor de un sistema de garantías que esté a favor de los inculpados, a favor de las víctimas, y en general, a favor de toda la sociedad”.
Agregó que a todos los que conforman el comité, “nos queda claro que la confianza, la seguridad y la justicia, no se construyen en el aire, mucho menos en base a buenas intenciones, discursos, aspavientos, o lo que es peor aún, al margen de la norma y el estado de derecho”.
Hizo eco de la importancia de lograr la coordinación entre los tres poderes del estado, pues dijo que “si nos vemos y tratamos como adversarios”, la ciudadanía aguascalentense no tendrá la solvencia para enfrentar los problemas que le ocupan.
Por último, señaló que esto es una expresión de que, “ni justicia penal sin una dimensión humana, pero tampoco un régimen de justicia penal humano sin justicia”, sino que se incluyan ambas dimensiones, reconociendo que aunque es una tarea compleja, esta no será inalcanzable.
Por su parte, el secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, comentó que este comité obedece a las reformas a 10 artículos de la Constitución Política de México, impulsadas por el presidente de México, Felipe Calderón, la cual consistió en dar un cambio al sistema de justicia penal que de vigencia plena a las garantías individuales y los derechos humanos.
Apuntó que el objetivo fundamental de esta reforma, fue el “ajustar el sistema a los principios básicos de un estado democrático de derecho, así como defender las garantías de víctimas y acusados, y la imparcialidad de los juicios” y aplicar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y en el funcionamiento de los centros penitenciarios, a la vez que se vincula a los organismos encargados de proveer seguridad pública, con el ámbito de los derechos humanos.
En el ámbito de justicia, destacó que se eleve a rango constitucional la presunción de inocencia, así como la oralidad y transparencia de los juicios.
Ante esto, apuntó que esta reforma constitucional, “constituye un parte aguas en el imparto de justicia en México”, misma que podría ser la modificación constitucional más importante en los últimos 70 años.
Por su parte, Ortiz Gallegos comentó que lo más trascendental de esta reforma, es la implementación de la presunción de inocencia, dejando la prisión correctiva sólo para el crimen organizado, a la vez que reconoció que la oralidad de los juicios permitirá acelerar la eficacia de los procesos penales.
Mientras que Muñiz Candelas señaló que ahora sólo queda impulsar una nueva reforma legal el próximo año para la instalación de jueces de ejecución, “encargados de hacer cumplir las resoluciones judiciales e implementar la capacitación necesaria para poder transitar con infraestructura y cambios organizacionales que permitan materializar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio”.
