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martes, febrero 17, 2026

Defraudados trabajadores sindicalizados de ISEA y otras dependencias en viviendas

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Una vez más, trabajadores sindicalizados de algunas dependencias estatales solicitaron el apoyo del gobierno del estado, en esta ocasión  para que con su intervención el fondo de la vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) les reponga las casas habitación que les fueron entregadas desde 2005 y que actualmente se encuentran en calidad de “inhabitables” por acciones negligentes en que incurrieron las compañías constructoras.

El líder del sindicato del instituto de salud de Aguascalientes (ISEA) y representante de los trabajadores afectados, Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, presidió la pequeña comitiva que se reuniría por la mañana con el subsecretario de gobierno para expresarle sus peticiones, argumentando que tanto el FOVISSSTE, como la delegación estatal del ISSSTE “se la han pasado bateándonos”.

Expresó que alrededor de 50 viviendas del fraccionamiento Villas de San Antonio, ubicado al poniente de la ciudad, y otras tantas del fraccionamiento Solidaridad, del municipio de Rincón de Romos, “se están cayendo”, pues fueron construidas con mala cimentación o sin ella, sobre terrenos por los cuales pasan fallas geológicas o que fueron rellenados con material cascajo que no obedece la reglamentación, por lo cual presentan fisuras, grietas y goteras, defectos con los que fueron entregadas desde nuevas y por sorteo, y que ponen en peligro la vida de las personas que las habitan.

Señaló que incluso se cuenta con dictámenes donde personal de protección civil declaró inhabitables esos inmuebles, por lo que las familias de empleados del ISEA, trabajadores del servicio postal mexicano (SEPOMEX), secretaría de la reforma agraria (SRA), instituto de educación (IEA) y otras dependencias, han visto dañada su economía, pues están obligados a seguir pagando los créditos al FOVISSSTE, aparte de desembolsar un renta mensual por un lugar seguro donde vivir.

Álvarez Cardona informó que ya se han presentado las denuncias penales en contra de las aseguradoras y de las tres empresas constructoras implicadas, aunque sólo recordó los nombres de dos: Procasa e Inmobiliaria San Marcos; sin embargo, el conflicto tiene al menos cuatro años de antigüedad y no se le ha dado solución.

Aunque la subsecretaría de gobierno accedió a colaborar, recibiendo los documentos y turnándolos a la secretaría de gobernación federal para que el asunto sea atendido directamente por la dirección general del ISSSTE, el sentir de los trabajadores es de desánimo, pues el precio de los inmuebles es de entre 300 mil y 500 mil pesos, por lo que su reposición o reembolso sería millonario, lo que dificulta que se dé.

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