CAMPECHE, Camp.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, informó que en Campeche la deforestación promedio anual es de 22 mil 805 hectáreas, y en una parte de éstas se identificaron desmontes con maquinaria de menonitas.
La funcionaria federal atribuyó la pérdida de masa forestal en la entidad a la desincorporación de terrenos de uso común a régimen parcelario, cambio de uso de suelo, asentamientos irregulares, crecimiento de la frontera agropecuaria, degradación en zonas de manglares y humedales, y el crecimiento de la frontera agropecuaria y de la frontera agrícola con soya transgénica y palma de aceite.
Recordó que desde 1990 -cuando se asentaron los primeros menonitas en Campeche- a la fecha, han incurrido en desmontes de selvas, cacería y desplazamiento de fauna, incendios forestales para parcelar, sobreexplotación de mantos acuíferos, contaminación con agroquímicos, elaboración ilegal de carbón, acaparamiento y rentismo de tierras.
Además, agotamiento de suelos, plagas por monocultivos, monopolio en mercado agrícola, abaratamiento de mano de obra, establecimiento de precios agrícolas y escape de capitales a bancos americanos y europeos.
Asimismo, la funcionaria ofreció un reporte de las acciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante 2019-2021 en la entidad, según el cual hubo 179 inspecciones a transporte de productos forestales.
El resultado fue el aseguramiento de 300 toneladas de carbón vegetal, 414 m3 de aserrado de pino, 194 m3 de motoserrado de madera dura y 60.91m3 de madera decorativa.
Hubo además 81 inspecciones a centros de almacenamiento y transformación de madera, y se aseguraron 24.8 toneladas de carbón vegetal, 40 m3 de motoserrado de maderas decorativas, 80 m3 de maderas duras, 105 m3 de rollos de maderas duras, 44 tapas metálicas de hornos de carbón clandestinos y se clausuraron 32 centros de almacenamiento.
Albores destacó que en total fueron 500 hectáreas afectadas por desmontes, cambio de uso de suelo y aprovechamiento de madera sin autorización.
Por su parte, el director general de Políticas para el Cambio Climático, Agustín Ávila Romero, advirtió que de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno se instalarán más filtros de revisión y operativos para detectar delitos ambientales.
Añadió que en esas tareas se usará toda la tecnología con que cuenta el gobierno federal y paralelamente se desarrollarán acciones territoriales con el propósito de recomponer el tejido social y generar alternativas socioeconómicas para la población de Campeche.
A la vez, dijo, se desarrollarán estrategias presupuestales y jurídicas para atacar la impunidad en el caso de la tala ilegal.
En su oportunidad, la gobernadora Layda Sansores reconoció que la tala ilegal es un problema que preocupa mucho a su gobierno, y aunque en el ámbito legal se han emprendido acciones para combatirla, no se ha podido frenarla porque no está tipificada como delito grave.
Por ello, dijo que en Campeche ya se tiene una iniciativa de ley que será entregada a la Secretaría de Medio Ambiente para su análisis.
“El problema es que no se considera la tala como un delito grave, y mientras esto continúe así, el ciudadano que sea detenido sale de inmediato; si no se cambian los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal para establecer una pena en donde la media aritmética permita hacer la detención, las cosas seguirán igual”, argumentó.
Comentó que, en el caso de los menonitas, el pasado 12 de agosto las autoridades federales lograron un “acuerdo histórico” con las comunidades asentadas en el estado para detener todas las actividades que impliquen la deforestación, pues a pesar de tantos años de daño “no se tiene un solo detenido por este delito”.
