Pese a la decisión del gobierno canadiense de exigir visas a los mexicanos que deseen ingresar a ese país, la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores no cuenta con cifras reales sobre los aguascalentenses que residen formalmente o en calidad de refugiados en Canadá, como tampoco de aquellos que allí trabajan o estudian, según admitió el titular de esa dependencia, Isidro Díaz Limón.
El delegado explicó que “por ser registros muy cambiantes, se mantienen actualizados en nuestros consulados y, en su caso, en oficinas centrales”, por lo cual no pudo proporcionar esa información.
Por otra parte, comentó que desde que se diera a conocer la medida y aunque Canadá concedió un periodo de 48 horas para ingresar sin el documento, muchas personas se han acercado a la delegación para expresar sus inquietudes y resolver sus dudas, la mayoría con viajes programados en fechas próximas e incluso con boletos en mano.
Argumentó que se les ha remitido a consultar la página de Internet de la embajada “ya que cada país establece los lineamientos para el otorgamiento de visas y ante eso nosotros no podemos ni debemos fijar un criterio”.
El delegado también dijo desconocer los requisitos que se están observando para otorgar visas para estudiantes, residentes o trabajadores y si solamente las personas procedentes de México y República Checa son las que deben cumplir esta exigencia para ingresar a aquel país. En todo momento aseguró que la información la tienen la Secretaría y las embajadas correspondientes.
Díaz Limón desestimó que la medida pudiera afectar las relaciones entre los dos países e hizo referencia a un comunicado emitido por la SRE, a través del cual el gobierno mexicano lamenta la decisión de las autoridades canadienses, afirmando que ha sostenido reuniones con los dirigentes de ese país y que continuará trabajando para modificar la resolución tomada.
En el documento, México reconoce que la situación es consecuencia del incremento de nacionales que solicitan refugio en ese país sin ser perseguidos políticos, pero se compromete a vigilar que la expedición del nuevo requisito de ingreso a Canadá se cumpla sin violar los derechos de los viajantes.
Por otro lado, acusa a empresas intermediarias de incentivar “esta práctica (solicitudes de refugio) entre mexicanos de buena fe, cobrando por esos servicios de asesoría, logística y asesoramiento”, aprovechándose de la “prolongación excesiva” de los tiempos de respuesta a las solicitudes para presentar casos ilegítimos.
Finalmente, en el escrito se afirma que lo anterior ha derivado en que el 90 por ciento de las solicitudes de refugio hechas por mexicanos tengan una respuesta negativa, por lo que se compromete a implementar acciones de estas corporaciones cuando violen la ley.
