A sólo un paso de convertirse en obligación legal se encuentra la iniciativa que propone la indemnización a las personas que sean sometidas injustamente a un proceso judicial, ya que fue aprobada por la comisión de justicia del congreso del estado.
En las reformas a la legislación penal y a la ley orgánica del poder judicial, propuestas por el legislador priista José Robles, a nombre de su grupo parlamentario, se prevé que los ciudadanos que sean absueltos luego de un proceso judicial por el cual, entre otras, su situación laboral se haya visto afectada, reciban una cantidad para reparar ese daño, determinada por un juez.
Asimismo, contempla que la Secretaría de Finanzas (SEFI) cree un “fondo para la indemnización de sentenciados absueltos”, que sea operado por el mismo Supremo Tribunal de Justicia, con un monto inicial que se calculó entre uno y dos millones de pesos, para solventar los resarcimientos monetarios.
En el entendido de que la ley, al ser aprobada, entraría en vigor hasta el primero de enero del año entrante, habría tiempo suficiente para que esos recursos se incluyeran en el presupuesto de egresos de 2010 en adelante.
Además, recibiría aportaciones altruistas de organismos “particulares, públicos, privados, sociales e internacionales” y se incrementaría con “inversiones y reinversiones” de sus propios recursos, recuperaciones económicas que en este rubro tenga el estado y “los demás ingresos que por ley le sean asignados”.
Enrique Rangel Jiménez, presidente de esa comisión, señaló que se había declarado un receso y que durante éste se efectuó un análisis con base en estadísticas de años pasados, las cuales arrojaron que el 90 por ciento de quienes estuvieron en esa situación eran personas de bajos recursos: desempleados o que ganaban el salario mínimo, así como que “el año pasado, sentenciados absueltos fueron 50 personas”.
Esto redundó en la determinación de un tope mínimo de un día de salario mínimo y otro máximo de 25, por cada uno que el afectado haya sido privado de su libertad, dependiendo de la situación laboral en que se encontrara al momento de ser privado de su libertad y debiendo presentar los documentos que acrediten que recibía el salario que presuma.
Rangel Jiménez vio “muy probable” que las reformas sean aprobadas antes de culminar el actual periodo ordinario, posiblemente mañana, previendo que se le dará prioridad al tema del consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE).
