La auditoría al ayuntamiento capital, la revisión de cuentas públicas de 2007 y la presentación de una sola iniciativa, destacaron en la sesión que la diputación permanente del congreso local sostuvo ayer por la mañana.
El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Martínez, lamentó la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la actitud del presidente de la comisión de vigilancia del organismo en la legislatura federal, Antonio Ortega, de negar la auditoría a las adquisiones que para el área de seguridad pública realizó el ayuntamiento de Aguascalientes.
Exigió a su titular, Gabriel Arellano, dé a conocer los resultados de la auditoría que a nivel estado asegura se realizó en esa materia, pues consideró que su administración ha sido corrupta y carente de transparencia.
Terminada la sesión, el diputado del Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Bussón Carrillo, recomendó al presidente municipal compruebe la legalidad en las adquisiciones, especialmente la del helicóptero, con los documentos y facturas correspondientes, finiquitando ese tema.
Indicó que aún se desconoce “por qué está detenido o secuestrado” el ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Jesús Manuel García Salcido pero, cuando sea aclarada su situación, cada funcionario responderá por lo que le toca, añadiendo en referencia a la certificación por la empresa Calea, que es de sabios rectificar cuando no se están obteniendo los resultados esperados.
Respecto a la promesa de Gabriel Arellano de renunciar si no entregaba resultados, Bussón Carrillo dijo que la palabra del primer edil “está salvaguardada”, reiterando que quien debe responder por sus acciones individuales es el propio García Salcido.
Presentan iniciativa para que sea robo la sustracción de información de medios electrónicos
En trabajo legislativo, el diputado Vicente Pérez Almanza presentó en la sesión de la diputación permanente una iniciativa de adición a la legislación penal del estado, agregando un artículo 44 bis, a fin de equiparar a robo “la sustracción y/o apoderamiento de información o contenido en cualquier aparato electrónico por cualquier vía, y sin consentimiento de quien pueda disponer legalmente de ella”, previendo una sanción de dos a siete años de prisión y de mil a mil 500 salarios mínimos a quien incurra en ese delito.
Pérez Alamanza comentó que hasta ahora el robo especifica que se trate de algo material, pero que ante el aumento de acciones como la que pretende penar la iniciativa, se vuelve necesario proteger el patrimonio que constituye la información en formato digital; el legislador admitió que los funcionarios públicos son frecuentes víctimas de este delito.
Las cuentas públicas de Calvillo y Jesús María, otra vez en la polémica
En otro aspecto, el diputado Enrique Rangel Jiménez, aseguró que en las cuentas públicas del segundo semestre de 2007 en los municipios de Calvillo y Jesús María sugieren desvío de recursos, en algún caso hasta por 5 millones de pesos y que las autoridades que en ese momento estaban al frente de la administración pertenecían al Partido Acción Nacional.
Esas afirmaciones fueron negadas por el secretario de la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Antonio Martín del Campo, quien se sostuvo en que se trata de observaciones menores y se mostró confiado en los gobiernos estatal y municipales del PAN, actuales y pasados.
Otros posicionamientos de Roberto Padilla, César Cervantes Mena y Enrique Rangel; así como un punto de acuerdo de Bussón Carrillo para que el gobierno estatal presente informe sobre destino de los recursos autorizados para proyectos de los que sólo se ha concluido el paso a desnivel de convención y López Mateos, cerraron los trabajos y permitieron citar para el próximo martes la siguiente sesión.
