- Se publicó en el POE declaratoria constitucional ordenada desde el 6 de marzo
- Presentarían hoy proyecto de dictamen de reforma al Poder Judicial, con ordenamientos que le atañen
A más de cuatro meses de haber sido aprobada por unanimidad en el pleno legislativo y cerca de tres de conseguir la aprobación de los municipios, la reforma constitucional que dio autonomía al Ministerio Público local respecto del ejecutivo fue declarada válida y legal ayer, con su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) y se espera que hoy se tenga un primer avance rumbo a su entrada en vigor el 1 de enero de 2011.
Y es que la publicación deja un plazo poco mayor de cinco meses para trabajar, proponer, aprobar y publicar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, así como las adecuaciones legales que esta modificación y otras hechas en el transcurso de la legislatura que impactan en las funciones del Ministerio Público y los reglamentos que de todo ello derive.
Según ha referido reiteradamente el presidente de la comisión de gobernación y puntos constitucionales del legislativo local, Roberto Padilla Márquez (PRI), un grupo de especialistas se coordina ya para presentarla antes de terminar la actual legislatura.
De igual forma, hasta ayer, integrantes de las comisiones de gobernación, puntos constitucionales y justicia trabajaban todavía en el proyecto de dictamen sobre la reforma estructural al Poder Judicial, donde se incluiría parte de la normativa en que se enmarcará la nueva forma de trabajo de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE). Se espera que hoy sea presentado, tomando en cuenta las consideraciones del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Mientras tanto, lo que se declaró constitucional fue que a partir del próximo año el Ministerio Público quede constituido como “un organismo público, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará presidido por un procurador general de justicia del estado, propuesto de una terna que presente el ejecutivo del estado y designado por más de la mitad de los miembros del Congreso del estado” y que durará en el cargo cinco años, con opción a reelegirse un período más.
El MP encabezará las investigaciones en coordinación con las policías que actúen en el estado y ejercerá la acción penal ante los tribunales, salvo en los casos que la ley permita que los particulares lo hagan, regido por sus propios principios de oportunidad, apegados a lo que establezca la norma.
También quedará obligado a procurar “la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso”, pero serán vigilados en el cumplimiento por los jueces.
Además de esto, las modificaciones a la Constitución General del estado crearon la carrera judicial y responsabilizaron de su vigilancia también al Ministerio, a través de un Consejo Ministerial que integrarán el procurador, dos agentes ministeriales y representantes de los poderes legislativo y judicial. Con esto, los agentes ministeriales tendrán que llegar a ese cargo mediante concurso de oposición, como se hace con los magistrados del Poder Judicial.
Junto con el Congreso, la reforma fue avalada por los cabildos de los 11 municipios, en cuatro de los cuales –Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo- pasó por afirmativa ficta.
