José Ángel González Serna, candidato del PAN a Diputado Federal por el Distrito III, se pronunció por el permanente y absoluto respeto a losderechos humanos, y garantizó la implementación de una reforma constitucional en la materia.
Expuso que apoyará e impulsará la expedición de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que implemente el sistema acusatorio y garantice, entre otras: un verdadero juicio ante un juez, de forma oral, pública, transparente y expedita (no más pruebas escritas, no más burocracia). La “presunción de inocencia”, así la autoridad estará obligada a probar la responsabilidad del acusado.
Además, la presencia del juez en todas las audiencias, con libertad de valoración de prueba y responsabilidad al ejecutar la sentencia. Que los Ministerios Públicos no tengan derechos por encima de víctimas y acusados.
Detalló que en la propuesta integral de derecho a los derechos humanos, se promoverá una legislación penal única (tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal), a fin de que homologuen conductas, sanciones y procedimientos en todo el país, y así facilitar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Otras iniciativas de José Ángel González Serna es dotar de autonomía constitucional al Ministerio Público, para convertirlo en abogados expertos que acrediten ante los tribunales la responsabilidad del imputado. “Se Impulsará la consolidación de la policía investigadora, con capacidad tecnológica y certificación de confianza al tiempo que se establecerá la presencia de la Policía Nacional militarizada, con disciplina, capacitada y certificada, formada por 150 mil efectivos. Cuando los gobernadores no cumplan con la certificación de las policías por miedo o por corrupción, la policía nacional intervendrá directamente” manifestó.
José Ángel González indicó que se modificará a profundidad el sistema penitenciario para asegurar que las personas que cumplan una condena sean reinsertadas y vuelvan a la vida social y productiva. Que el gobierno federal, mantenga el control de aquellas instalaciones en que las autoridades locales hayan perdido el control o sido omisas. La especial atención a grupos de internos como las mujeres, los indígenas y los adultos mayores.
