- Iniciarán juicios orales en Aguascalientes con procesos por posesión de narcóticos
- Para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial en el estado
El proyecto de dictamen con que se daría cumplimiento en Aguascalientes al decreto aprobado en 2009, para que las entidades federativas también persigan el narcomenudeo será aprobado en un periodo extraordinario y servirá como el primer paso para implementar en el estado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, desahogando los procesos judiciales a través de juicios orales. Aunque sería aprobado ayer, uno de los motivos de su devolución a análisis fue la falta de los recursos de las autoridades para poder implementarlos.
En sesión de comisiones unidas de justicia y salud pública, los legisladores dieron a sus asesores y personal de servicios parlamentarios una semana para añadir un transitorio al documento discutido, donde se establecería que el comercio, posesión y suministro de narcóticos se juzgarán penalmente a través de procesos orales.
Aunque el proyecto original no los contemplaba, el abogado Sergio Rodríguez Prieto, asesor externo e integrante de la comisión implementadora del nuevo sistema de justicia penal, sugirió “aprovechar esta reforma que se plantea en el tema del narcomenudeo para, precisamente con esas tres figuras típicas, avanzar en el tema de la oralidad”, pues “daría la posibilidad de hacer los ajustes correspondientes porque (…) se reduciría a tres hechos básicos como son la posesión de narcóticos, posesión para fines de suministro y venta y suministro de esos narcóticos, pero en las cantidades mínimas que se establecen en la Ley General del Salud”.
En el mismo plazo, los asesores y el personal de servicios parlamentarios del Congreso deberá elaborar “un estudio” que permita cuantificar los recursos que se requieren para que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo del estado puedan contar con policías, agentes ministeriales, jueces, magistrados y otros funcionarios capacitados para perseguir, investigar y juzgar, a partir de agosto de 2012, esos tres nuevos tipos penales contenidos en la Legislación Penal y la Ley de Salud locales, así como fortalecer los Centros de Integración o de tratamiento para la farmacodependencia, pues el Sistema de Salud queda obligado a atender a quienes incurran en estos delitos por ser adictos a alguna droga.
Rodríguez Prieto apuntó que actualmente, desde el comité implementador, se están gestionando los recursos necesarios ante la federación, sin precisar monto, y que de lograrse, “el resto del año se trabajará sobre la capacitación y sobre la implementación de esos organismos mínimos para trabajar en el tema del narcomenudeo”. De no ser así, propuso “establecer en el dictamen de reforma correspondiente que en el paquete financiero que tenga que aprobarse para el manejo de recursos de próximo año, se establezca como principal condicionante que se destinen recursos a las áreas correspondientes”.
“También habrá de determinarse –prosiguió- específicos y concretos recursos al área de salud para el adecuado tratamiento de adictos que, se supone, habría que ubicar al momento de realizar esas investigaciones”.
Además, señaló el diputado panista Jesús Martínez González, esos establecimientos no están regulados en ley, lo que también habría que tomar en cuenta al momento de elaborar y aprobar un dictamen.
