- Piden documentación que compruebe la compra de armas y municiones a través del Fortaseg
- El monto asciende a 5 millones 780 mil pesos y se ejerció en el 2020, mientras al frente del municipio se encontraba la aspirante a gobernadora Teresa Jiménez
Derivado de la auditoría 498, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya solicitó al actual gobierno municipal de Aguascalientes que aclaren y proporcionen la documentación justificativa y comprobatoria de 5 millones 780 mil pesos gastados compras de equipamiento para seguridad que se realizó durante el 2020, cuando el ayuntamiento todavía estaba al mando de la exalcaldesa panista Teresa Jiménez Esquivel, y actual precandidata a la gubernatura.
De acuerdo al portal de datos públicos de la ASF, revisado por LJA.MX para esta nota, en ese año la capital del estado solamente tuvo una observación, que es la solicitud de aclaración con clave de acción 2020-D-01001-19-0498-03-001, la cual es relativa al caso aquí planteado.
Según la ASF, los casi 6 millones de pesos por aclarar, tienen que ver con la compra de armas y municiones que el gobierno municipal hizo en el 2020 a través del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que en su momento fue uno de los fondos por el que el Gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió numerosas críticas, ya que se decidió proceder con su eliminación, como la de otros fondos, en el 2021.
Con la eliminación del Fortaseg, en Aguascalientes algunos municipios, como Jesús María o la capital, dejaron de percibir dinero a través de ese fondo federal, incluso, si se hace una búsqueda en el presupuesto de egresos del estado, en el 2022, el único fondo para seguridad que queda es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
La solicitud de aclaración es una acción de tipo preventiva, en caso de no solventarse la aclaración, se procede a la elaboración de un pliego de observaciones, con el cual se determinará la cantidad líquida de los daños o perjuicios, o ambos, al erario. Si tampoco se logra solventar esta última acción, se procedería entonces con el fincamiento de responsabilidad resarcitoria a servidores públicos o particulares que estuvieron implicados.
