- SCJN ha señalado que es discriminatorio solicitar una carta de antecedentes no penales como requisito para obtener un empleo
- Considera diputada que los agresores sexuales no resarcen el daño simplemente con cumplir una sentencia
La diputada presidente de la Comisión de la Familia y la Niñez, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, comentó que está por presentar una iniciativa para crear un registro de agresores sexuales en el estado, el cual tendría como objetivo proteger la integridad de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres y los adultos mayores. Al registro entrarán aquellas personas que tienen ya una sentencia en firme.
Detalló que, de aprobarse esta iniciativa, se crearía una plataforma de carácter reservado en donde las autoridades tendrán acceso a esta información. También se propone que se cree una anotación al margen en las cartas de antecedentes no penales.
“Nos pusimos a pensar qué pasaría si de pronto llega una persona y quiere pedir trabajo como velador en un jardín de niños, es importante que la persona que va a darle un empleo tenga la seguridad de que no cometió algún delito y que no se ponga en riesgo la seguridad de los niños. Esta carta sería para instituciones públicas, privadas e incluso para servidores públicos”, comentó la diputada.
Para esta iniciativa ya se ha reunido con autoridades donde se discutió la conveniencia de este registro y la protección de datos personales. Ahora será presentado al Poder Judicial para que analicen la propuesta.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que aquellas normas donde se solicite una carta de antecedentes no penales para tener acceso a un empleo son inconstitucionales, pues se trata de actos discriminatorios que violan los derechos humanos.
A las personas con una condena penal se le estigmatiza y segrega, a pesar de haber cumplido con su sentencia, esto provoca que sean discriminadas constantemente, aunque ya hayan resarcido su daño a la sociedad, según argumentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien promovió esta acción de inconstitucionalidad.
“Si consideramos esa determinación de la Suprema Corte, pero pensamos que por el tiempo en que pudiera estar vigente, en tanto no se dé una determinación o una sentencia definitiva –por parte de la SCJN– creemos que estaremos trabajando a favor de todas las personas que puedan ser violentadas”, comentó la diputada. Es decir, aceptó que esta iniciativa puede resultar inconstitucional ante los ojos de la máxima autoridad del Poder Judicial.
Sobre la estigmatización de personas que cumplieron con sus sentencias, afirmó que en el caso de personas que cometen delitos de carácter sexual son reincidentes y tienen un comportamiento patológico. “En estos casos, la reparación del daño es imposible, por eso necesitamos trabajar para proteger a las personas”, comentó.
