Terminada la reunión de los presidentes de todos los clubes junto a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, concluyeron que el club de los gallos pagarán una multa de 1.5 millones de pesos, jugarán un año a puertas cerradas después de los hechos ocurridos el sábado pasado, además, el club no será desafiliado pero deberá ponerse en venta y sin olvidar a la espantosa directiva que no podrán ejercer sus cargos por cinco años. En el tema de la barra no podrá acudir a los partidos de local por tres años, aunque a los de visita solo por un año y los agresores serán vetados de por vida, que por cierto, hasta el momento van 14 detenidos.
El legislador, Jorge Álvarez Máynez, solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión hacer una mesa de trabajo con las autoridades del fútbol mexicano, esto para poder participar en las decisiones que regulen la violencia en México: “porque si la violencia los rebasa, el negocio se acaba, no es algo que les beneficie que se salga de control. Siempre lo que terminamos encontrando es que detrás de las decisiones está el interés comercial, no tengo en contra que el fútbol sea negocio, pero no es el único interés, deben de tomarse en cuenta a los aficionados, el interés deportivo, y en general de conservar la paz”. La falta de seguridad en el estadio, de coordinación con las órdenes estatales, municipales y federales, además de la decisión de suspender el partido junto a toda la jornada son ejemplos de la falta de participación del gobierno, añadió el legislador.
También, reconoció que nuestro fútbol ha tenido muchas prácticas que son en contra de la ley, por ejemplo, el famoso pacto de caballeros, la multipropiedad y los intereses comerciales antes que a todo: “El autogobierno de la liga de fútbol es injustificado y tiene que ver con muchos componentes, con la influencia mediática de los equipos, con quiénes han sido históricamente los dueños, con la politización del deporte y que es hora que se atienda con una regulación que se ponga al centro el interés general, incluyendo el interés deportivo, de aficionados, antes del interés de los dueños de los equipos de fútbol”.
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