- Basado en los pasados comicios, evade revocación de mandato y otras promesas
- Baja del 80 al 65 por ciento del salario mínimo la multiplicación en la fórmula de reparto
Basado en la experiencia de las pasadas elecciones, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) presentó ayer ante a la comisión legislativa de asuntos electorales la propuesta de modificación y derogación de 74 artículos del Código Electoral del estado, que entre otras cosas reduciría el financiamiento público entregado a los partidos.
La consejera presidenta, Georgina Barkigia Leal, aseveró que se trata sobre todo de cambios de forma para evitar imprecisiones o confusiones al aplicar la ley electoral y con el objetivo de adecuarla “a las nuevas circunstancias que la dinámica comicial ha generado”. Aún así, varios corresponden a impugnaciones presentadas ante el Tribunal Local Electoral (TLE) desde el inicio del proceso electoral y, en cambio, evaden la revocación de mandato y mayor accesibilidad al plebiscito y referéndum, promesas de campaña de casi todos los candidatos.
Para homologarla a la legislación electoral federal, el paquete de observaciones propone la modificación de la fórmula de cálculo del financiamiento público a partidos políticos para que el IEE multiplique “el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año por 65 por ciento del salario mínimo general vigente en el estado” y no por el 80 por ciento, como actualmente se hace.
Además, establece que lo que reciba el partido para actividades específicas será en todo caso el cuatro y no el 10 por ciento que actualmente aparta “de su financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que le corresponda”.
En cuestiones de fiscalización, se obliga a que los partidos acrediten la aplicación del recurso público que reciben a través de bienes muebles e inmuebles “con el propósito de que sea más fácil su comprobación y revisión”. El IEE añadirá a su patrimonio aquellos bienes y remanentes de partidos políticos en liquidación.
El tope máximo de gasto de campaña para la elección de ayuntamientos se modificó de 200 mil pesos a “cuatro mil salarios mínimos generales vigentes en el estado, en la fecha que se haga el cálculo”.
También se amplían los plazos del Organismo de Fiscalización: pasa de 30 a 60 días el término para la revisión de informes anuales y de precampaña; de 60 a 90 para los de gastos de campaña y cinco a 10 días para revisar las aclaraciones de los partidos, además de fijar la obligación de las autoridades municipales y estatales de brindarle toda la información que solicite.
Otro de los temas controvertidos del proceso que este paquete plantea subsanar es el de la utilización de equipamiento urbano para la colocación de propaganda, permitiendo que sea puesta “en bastidores y mamparas, siempre que no se impida la visibilidad desde los vehículos o se obstruya la circulación de peatones”.
En cuestión de requisitos de elegibilidad, retoma la primera resolución del TLE en el actual proceso y señala que se tomará por servidor público “al que lo sea de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes” y que para contender, un servidor público deberá separarse del cargo “90 días antes del día de la elección”.
También “se modifican plazos en el procedimiento de registro de candidatos para que los consejos electorales cuenten con más holgura en la revisión de los documentos de los aspirantes”.
Asimismo agrega el cumplimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la obligatoriedad de los debates para candidatos a gobernador, la regulación de spots televisivos y radiofónicos-se pidió la intervención de los diputados ante sus homólogos federales para “no espotizar” a la ciudadanía en lugar de propiciar debate y desarrollo de propuestas- y la posibilidad de singar convenio seis meses antes de los comicios, para que éstos sean organizados por el IFE cuando la instancia local compruebe estar imposibilitada para hacerlo.
Mientras tanto, en lo que se refiere a las atribuciones y operatividad del Instituto, prevé sustituir el concurso por requisitos mínimos para la designación de directores; eliminar el requisito de que los asistentes electorales emanen del servicio profesional electoral porque “operativamente es más adecuado y se evitarían posibles impugnaciones”, así como la posibilidad de que los consejos municipales y distritales “puedan ser clausurados cuando terminen sus funciones y no cuando termine el proceso electoral”.
Se planteó eliminar el requisito limitante de no ser mayor de 70 años para ser funcionario de casilla e incluso se hizo la sugerencia de incluir voluntarios en las secciones donde los apellidos de los ciudadanos limiten la cantidad de los mismos, pues los consejeros coincidieron en que cada vez es más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a colaborar, a la vez que los adultos mayores son los que muestran con más frecuencia intenciones de hacerlo.
El presidente de la comisión, el priísta Gerardo Sánchez Garibay, se comprometió a nombre de sus compañeros a “trabajar en las próximas semanas” con la intención de generar un proyecto de dictamen cuyo aval en la LX Legislatura dependerá del trabajo del pleno.
Sánchez Garibay señaló que “un 70 por ciento de observaciones son de redacción o de algún otro caso y las demás habremos de analizarla al seno de la comisión porque está conformada por diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y quizá alguna observación no forzosamente pueda pasar tal cual”.
En la reunión de trabajo de ayer estuvieron presentes cuatro diputados del PRI, uno del PAN y la representante del PRD, todos quienes reconocieron el trabajo de los integrantes del Consejo General del IEE.
