- La comisión de seguridad visitó ayer el penal, pero no habló con los quejosos
- Desde hace 6 meses se redujo la duración de visitas conyugales y se restringieron privilegios
La denuncia hecha hace unos días de un presunto caso de tortura en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de El Llano podría haber sido ocasionada por la aplicación efectiva en él, desde hace aproximadamente seis meses, del Reglamento Nacional del Sistema Penitenciario que impuso nuevas medidas disciplinarias como la de ganarse ciertos privilegios con trabajo y buena conducta y la reducción del tiempo de las visitas conyugales.
Tras desechar en sesión una propuesta de ley del para regular el uso de la fuerza policial, debido a que ya se encuentra normada en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, diputados de la comisión legislativa de seguridad realizaron una visita improvisada a ese penal, cuya directora fue acusada en semanas pasadas de torturar a un interno de origen colombiano.
José Robles Gutiérrez, titular de la comisión, hizo la propuesta luego de afirmar que “el ombudsman (…) nos comentó que tiene cerca de dos meses empezaron a recibir ellos estas denuncias…, eran una o dos denuncias cada seis meses, pero eran relativamente mínimas”.
Al salir de la penitenciaría, declaró que “parece que ése es el trasfondo de las quejas de los internos: que ahora ya se está llevando a cabo el reglamento de que, cuando ellos ingresan, (…) el uso de algunas áreas como el gimnasio, el uso de algunos talleres, se tienen que ganar a base de trabajo, de deporte y de buena conducta dentro del CERESO”.
Además de ello, la aplicación de dichos lineamientos implicó también, desde hace más de seis meses, que se redujera de diez a cuatro horas la duración de la visita conyugal y que los reclusos obtuvieran el merecimiento de poder recibir objetos de sus familiares, convivir con ellos por más tiempo y hasta de preparar sus propios alimentos.
“No hay que perder el piso de donde estamos: es un CERESO y no un hotel de cinco estrellas”, dijo Robles y sostuvo que para rehabilitarse, los presos en él “primero tienen que partir de haber perdido todos sus derechos e irse ganando algunos”.
Junto con personal del Congreso, Robles (PRI) y Rita Cruz (PAN) fueron recibidos por el director de Readaptación Social, Luis Ricardo Benavides Hernández.
“Por lo complejo del tema, nosotros mismos pedimos no hablar con ellos (…) porque como se está llevando una investigación por parte de la Procuraduría (General de Justicia) (…) no queremos intervenir a beneficio o maleficio del interno o de la procuraduría; hasta no ver la resolución de la Procuraduría, entonces podremos exigir si es que se encuentra un delito, que sea sancionada la persona que lo cometió”, informó Robles Gutiérrez al término del recorrido.
En cuanto a la directora, con quien sí entablaron una plática, reportó que su versión es que hace alrededor de dos semanas, el supuesto agredido “al parecer estaba intoxicado con algún solvente que se tomó por ahí en los talleres (…) y lo esposaron y ese encadenamiento es del que se están quejando”.
Explicó que “son dos (presos): uno el que presuntamente sufrió esta agresión y otro es el que se está quejando” y afirmó que peritos médicos y en otras especialidades ya hicieron pruebas al recluso supuestamente torturado.
El priísta adelantó también que en alrededor de dos semanas, un cónsul colombiano estará visitando el centro penitenciario a fin de conocer la situación y ver a sus compatriotas.
Reconoce CEDH trece quejas contra ese penal; no investiga a la directora
Mientras tanto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Omar Williams López Ovalle, ratificó que ya se aplicó al presunto afectado el peritaje bajo el protocolo de Estambul y que no se procedió de igual forma con la titular del penal “porque el que se está quejando no habla de la directora”.
En cambio, aseguró que “lo que sí exigimos fue la garantía de que no hubiera intimidaciones hacia estos internos”.
López Ovalle reconoció trece quejas interpuestas de marzo a la fecha contra ese CERESO, relacionadas con alimentación, trato, seguridad interna y todas las cuales coinciden con el relevo en su dirección.
Y pese a que en medios nacionales y en instancias defensoras de los derechos humanos a nivel federal lo dado a conocer es que la queja es contra la directiva, el Ombudsman local defendió que “yo tengo que hacer mis investigaciones conforme a derecho, conforme a pruebas y esto es lo que tenemos investigado al día de hoy”.
