- Reprocha la diputada Ana Gómez que el Congreso ha estado entregando la información requerida por las autoridades a cuentagotas
La Secretaría General se ha negado a cooperar con las autoridades, pues ha entregado información incompleta y algunos datos los declara como confidenciales.
El Congreso local buscaba tener acceso a la investigación que la Fiscalía está haciendo en su contra, sin embargo, el mismo ministerio público le negó esta solicitud.
El año pasado una investigación impulsada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló cómo la LXIV Legislatura de Aguascalientes desvió más de 140 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma entre los años 2018 y 2019.
Resultado de este ejercicio periodístico, se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la Fiscalía General de la República, cuyo avance aún se desconoce.
En la sesión del pleno celebrada el pasado 17 de marzo, al momento de presentar su iniciativa para que el Congreso tenga mayor transparencia, en la tribuna la diputada Ana Laura Gómez Calzada señaló que al fungir como presidenta de la mesa directiva pudo darse cuenta de que la actual administración del Congreso ha dificultado que las autoridades puedan realizar la investigación sobre este caso.
En entrevista, la legisladora relató que cuando era presidenta de la mesa directiva fue llamada como representante legal a una audiencia donde la LXV legislatura está solicitando que se les reconozca como víctima por posibles agravios de la anterior, la LXIV.
“¿Por qué quiere el Congreso que los traten en calidad de víctima? Pues porque te abren el expediente y sabes de qué viene. Pero la gente del ministerio público y el juez determinaron que no se podía en tanto no entreguen la documentación y la información que se ha solicitado desde octubre”, declaró.
Agregó que, en detrimento de su solicitud, la administración de la actual legislatura se ha negado a entregar lo que la fiscalía le requiere, entregan información incompleta o han declarado como confidencial parte de la documentación, y detalló que la Secretaría General del Congreso es la responsable de estas acciones.
No obstante, la diputada enfatizó que la información solicitada eventualmente se tendrá que entregar, pero hasta ahora se han solicitado prórrogas para rendir cuentas a la fiscalía. “Se ha estado entregando aunque a cuentagotas”, comentó.
La diputada afirmó que constantemente ha exhortado a la Secretaría General, al Comité de Administración y a la administración misma del Congreso para que cumplan con esta responsabilidad.
De la pasada legislatura, el único diputado reelecto es Enrique García López, quien precisamente está señalado como uno de los implicados en el desvío de los más de 140 millones de pesos. La morenita pidió que el diputado coopere en la investigación, pues, dijo, “si trabajó de manera honrosa, como debe ser, no tiene por qué preocuparse, nadie lo está enjuiciando, solo que coopere con la investigación”.
“Lo que se hizo en la LXIV con opacidad no tiene por qué alcanzarnos en la LXV, que la bandera sea la rendición de cuentas, la transparencia y el parlamento abierto”, concluyó la legisladora.
