- Responsables de universidades sin registro de validez oficial podrían recibir de cinco a siete años de prisión, pagar multas y reparación de daños
- Aún es común encontrarse con escuelas que tienen programas sin RVOE
Presentan iniciativa para sancionar a los responsables de escuelas que no cuenten con registro de validez oficial (RVOE) quienes, por el daño que ocasionan a cientos de familia, podrían pasar de cinco a siete años en prisión, pagar multas y la reparación de daños, además de verse imposibilitados a tramitar una autorización durante un periodo de cinco años. Actualmente las sanciones hacia quienes incurren en estas prácticas son ínfimas.
Ayer, en el apartado de asuntos generales, el diputado Raúl Silva Pérezchica presentó una iniciativa que tiene como objetivo castigar a las universidades “patito”.
Las escuelas particulares en el estado son reconocidas en el artículo 146 de la Ley General de Educación, donde señala que para que puedan brindar estos servicios deben tener una autorización del Estado en el caso de educación inicial, la básica, normales y las relacionadas a la formación de maestros de educación básica.
En caso de la educación media superior, técnica, universitaria o superior, los programas de las escuelas particulares deberán contar con un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que se tramita ante la Secretaría de Educación Pública.
Ambos trámites, tanto el del IEA como el de la SEP, garantizan que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, trabajando con fundamento en los criterios y estándares determinados por las autoridades educativas. Vigilar que las instituciones cuenten con estos trámites resulta fundamental para mejorar la calidad educativa.
Ha sido constante la preocupación de la ciudadanía sobre aquellas universidades y escuelas que no tienen validez oficial, las cuales son denominadas popularmente como “patito”. En estos espacios la educación que se brinda es de baja calidad, no vale el precio que se está pagando o sus programas no tienen validez.
Estas prácticas afectan gravemente a las familias que confían en aquellas instituciones que prometen tener o que tendrán validez oficial y que por lo tanto no obtendrán un certificado de estudios legalmente expedido.
El diputado detalló que en Aguascalientes la educación privada tiene un buen número de escuelas, en educación básica se da atención a 31 mil 676 estudiantes a través de 381 escuelas; en educación media superior son 110 escuelas privadas que ofrecen servicios educativos a 9 mil 448 estudiantes; en educación superior, más de la mitad de las escuelas son particulares y se atienden a más de 15 mil estudiantes.
Resaltó que aún es común encontrarse con universidades y escuelas que no están debidamente certificadas y aseguró que esto se sigue dando pues quienes realizan estas prácticas, al ser descubiertos y denunciados, reciben una sanción administrativa insignificante, a pesar de generar grandes afectaciones económicas a quienes estudian en sus planteles.
Con la iniciativa que presentó, se busca brindar herramientas legales a las autoridades educativas que lleven a cabo procedimientos de supervisión de las escuelas y así poder denunciar y sancionar a quienes ofrezcan servicios educativos sin validez.
El documento propone modificar el artículo 163-A para añadir una figura que se denominará como Impartición de estudios sin autorización o reconocimiento. A quienes se encuentre responsable de esta práctica se les aplicaría de cinco a siete años de prisión, deberán pagar entre 50 y 100 días de multa, así como la reparación de daños y perjuicios a todos los estudiantes afectados, además de que no se les podrá autorizar en un futuro la autorización para la prestación de servicios educativos por un periodo de cinco años.
