■ A diferencia de 2006 y 2009, PRI no lo ve necesario para consolidar proyectos
■ PAN opta por esperar lo que venga para el estado en el PEF 2011, asegura su líder de bancada
Los líderes de las bancadas mayoritarias en el Congreso local adelantaron que, de solicitárselos, no avalarán un nuevo endeudamiento al gobierno del estado, pues no se explican el origen del boquete de 300 millones que se pretende tapar.
A días de que el ejecutivo estatal dejara abierta la posibilidad de contratar deuda, Fernando Palomino sentenció en un posicionamiento fijado ante la diputación permanente que “el grupo parlamentario del PRI no autorizará ningún otro endeudamiento a la actual administración estatal, toda vez que consideramos que existen diversas formas de obtener los recursos extraordinarios que requiere el gobierno, como lo es una eficiente readecuación presupuestal o la gestión ante autoridades federales”.
Por la misma vía se expresó el coordinador parlamentario del PAN, Jesús Martínez González y añadió que “ayer (el martes) tuvimos una reunión de grupo y la decisión de los nueve diputados fue que, si se daba la solicitud de financiamiento, nosotros no daríamos aval”.
La bancada del Revolucionario Institucional justificó su postura primero en que “teniendo un presupuesto autorizado de 11 mil 644 millones de pesos (…), se antoja incomprensible que a estas alturas se estén teniendo problemas financieros” que se pretendan subsanar a través de un empréstito y que el eventual crédito se destinara al pago de nómina de los maestros “en detrimento de otras áreas”.
A diferencia del año pasado, cuando su bancada aprobó la deuda de 390 millones de pesos y que se sumó a la de 2 mil millones que avaló la legislatura anterior, Palomino Topete advirtió que “en esta ocasión no vemos la necesidad ni la justificación para autorizar un nuevo endeudamiento”.
Al mismo tiempo y pese a que su bancada ha votado a favor las cuentas públicas de 2007 y 2008 del estado, aseveró que en ocasiones anteriores los diputados priístas han cumplido la responsabilidad de colaborar con el ejecutivo “pero siempre viendo por el correcto manejo de los recursos”.
Martínez González, a la vez, retomó la denuncia hecha la semana pasada por la legisladora perredista Nora Ruvalcaba sobre el cobro de cuotas a los constructores por adjudicarles una obra licitada.
“Si son 300 millones de pesos el costo total, serían alrededor de 60 millones de pesos los que se irían a comisiones, según la diputada; aunque al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no nos consta, debemos poner especial cuidado en ello, sobre todo esperar al presupuesto que será enviado para el rubro de obra pública por parte de la federación y medir los alcances que cubrirán éstos dineros antes de pensar en un nuevo crédito”, señaló el diputado.
Con ésta, ya son dos las ocasiones en las que legisladores de las diferentes fracciones coinciden al hacer reclamos al ejecutivo estatal, a menos de tres meses de que se dé el relevo.
