La Diputada local Beatriz Santillán Pérez, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, presentó el miércoles ante la diputación permanente una iniciativa de reforma al Artículo 23 de la Legislación Penal del Estado, a fin de retirar de la misma la condición de que la mujer sea “casta y honesta” para que se le considere víctima de estupro.
En la exposición de motivos, Santillán Pérez afirmó que, “al realizar el análisis la legislación penal de cada entidad federativa”, se encontró que aunque el estupro (relaciones sexuales de un adulto con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento mediante seducción o engaño) está tipificado como delito en los títulos “que protegen la libertad sexual o el correcto desarrollo psicosexual”, en algunos casos conlleva un enfoque conservador, y más bien busca la protección de la honra.
Tal es el caso, dijo, de las legislaciones en que se prevé dejar de seguir el delito cuando el agresor contrae matrimonio con la víctima.
También considera que términos como el que desea eliminar, de acuerdo con los argumentos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, son valorativos y que, a su juicio, “se erigen con la intención de mantener roles y estereotipos que impiden y limitan el desarrollo y mantienen la discriminación contra las mujeres”.
En entrevista aparte, la legisladora manifestó que aún hay muchas leyes locales y federales que hace falta adecuar a la perspectiva de género; sin embargo, consideró que el trabajo hecho hasta ahora ha sido positivo y va caminando.
Con respecto a esta iniciativa, comentó que tiene la doble intención de fortalecer los derechos sexuales de las mujeres y, al mismo tiempo, proteger a la niñez.
De aprobarse, el decreto de esta iniciativa entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
Durante la misma sesión de la diputación permanente, César Cervantes Mena presentó otra iniciativa sobre la legislación penal, con reformas y adiciones que prevén la cuenta del tiempo que un preso permanezca en tal situación y que se pueda conmutar el pago de la multa -cuando se acredite que no le sea posible el pago total o parcial de la misma- por trabajo comunitario.
Asimismo, añade a la reparación de daños conceptos como la salud de la víctima y los tratamientos psicológicos o psicoterapéuticos que la misma requiera en caso de delitos como violencia familiar o contra el normal desarrollo psicosexual; incluye a los familiares dependientes económicamente de la víctima entre quienes tendrían derecho a la reparación del daño; contempla el trabajo comunitario y el tratamiento en libertad como medidas de seguridad aplicables por la autoridad; y, finalmente, considera a la persona delincuente habitual cuando “existan tres infracciones” en no más de 10 años.
De igual forma, una vez aprobado, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación.
Por su parte, el Diputado Roberto Padilla Márquez presentó una iniciativa que busca, mediante reformas a la Ley de Educación, facultar al Instituto de Educación del Estado (IEA), el otorgamiento y la revocación de autorizaciones para operar planteles desde la educación inicial hasta la normal, así como en la vigilancia de medidas de seguridad de los mismos, incluyendo instalaciones, servicios, medidas sanitarias y entorno.
