En el parabrisas, además del número de ruta, con letras grandes se informa “PASAJE 5.50”, lo mismo que en la primera ventana del lado derecho.
Justo cuando abordo la unidad, en la calle Zaragoza, casi equina con Madero, dos pasajeros jóvenes, hombres, y una mujer, dejan sus asientos y caminan hacia atrás para pedir bajada. Yo me olvido de ellos y me pongo a leer.
Casi tres cuadras más adelante, rumbo a la esquina de Zaragoza y 5 de mayo, uno de los pasajeros, cuya voz revela su procedencia extranjera, tal vez española, se dirige al chofer, con la molestia expresa en su tono:
“¿Vas a para algún día? No sirve esto”, le dice, a lo que el conductor replica apuntando con la mano hacia la siguiente señal de parada; sin embargo, el usuario insiste: “Ya te has pasado cuando menos dos”.
La unidad se detiene, con el tráfico en movimiento y en un lugar indebido, para que los tres jóvenes puedan bajar, maldiciendo entre dientes.
Minutos después, me levanto de mi asiento y camino hacia la parte de atrás. Ni siquiera subo la mano para intentar timbrar –no vale la pena-, pero el chofer detiene la unidad, nuevamente en un área indebida, y me abre la puerta trasera para descender del camión.
El relato anterior es una muestra de que, aunque los insumos hayan subido de precio, es necesario que así como accedió a conceder el alza en las tarifas, el gobierno del estado se aplique en la exigencia de cumplimiento de los compromisos que adquirió ATUSA.
Ese imperfecto en la unidad disminuyó la calidad del servicio, expuso al chofer a los malos tratos de los usuarios justificadamente molestos, lo orilló a cometer infracciones de tránsito al pararse en lugares que no corresponden y con esto, expuso la seguridad de los usuarios.
¿De qué sirve la iniciativa de ley, si está atascada? ¿De qué sirve que Seggob trabaje en una nueva? ¿Para que asumir compromisos, si en los años de existencia de los mismos, sólo el del incremento se ha cumplido?
