- En 2021 predominó la adjudicación directa
- 26 municipios del país con mayor población en pobreza no cuentan una sola sucursal
El Banco del Bienestar, uno de los proyectos emblema de la actual administración federal, presenta un rezago de la meta de construcción de sucursales del 55%. Además, ha habido poca transparencia en las compras públicas y una planeación deficiente en el uso de recursos, señala un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El análisis destaca que en 2021 el Banco del Bienestar favoreció la adjudicación directa: 9 de cada 10 pesos fueron adjudicados sin competencia, además que tanto el Banco del Bienestar y la Sedena han cancelado contratos para la operación de transacciones bancarias y cajeros automáticos, lo cual ha generado costos adicionales y refleja una administración deficiente de los recursos.
Es un proyecto prioritario del Gobierno Federal (2018-2024) que busca promover el acceso de la población vulnerable a servicios financieros, facilitar la dispersión de apoyos económicos del gobierno, y asegurar el acceso de la población mexicana a las remesas, pero en la práctica, se ha caracterizado por un plan de expansión demasiado ambicioso, pues a pesar de que en 2021 no se cumplió la meta de 2,700 sucursales, para 2023 se pretende construir 2,744 sucursales a lo largo y ancho del país.
Desde su creación, el Banco del Bienestar ha sido objeto de cuestionamientos sobre la construcción y los criterios de ubicación de las nuevas sucursales, así como la falta de transparencia en los contratos. Por tratarse de un caso de estudio relevante en el contexto de compras públicas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis del proyecto que revela lo siguiente:
Rezago en la construcción. No hay claridad ni continuidad en la meta de expansión de sucursales del Banco de Bienestar. Entre documentos oficiales y declaraciones, la meta de sucursales a construir ha variado de 7 mil en 2021 a 2,700, y 2,744 para 2023.
Además, el 55% de las sucursales se encuentran en ejecución o sin construir. De acuerdo con la meta planteada, la Sedena debía construir 2,700 sucursales para finales de 2021, sin embargo, a febrero de 2022 únicamente han sido construidas 1,212. El nivel de rezago es dispar en el país. Los estados con mayor porcentaje de rezago en la construcción son Jalisco (80%), Quintana Roo (79%), Guerrero (78%) y Nayarit (70%), mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas y Durango se han construido todas o la mayoría de las sucursales proyectadas.
Planeación deficiente. Aunque el objetivo planteado fue incrementar la inclusión financiera entre la población vulnerable, no es posible identificar un criterio específico para la evaluación del cumplimiento de este. A la fecha, los 26 municipios del país con mayor porcentaje de población en pobreza no cuentan con una sola sucursal del Banco de Bienestar en operación.
Como ejecutora del plan de expansión del Banco, la Sedena adquirió bienes para todas las sucursales sin que estuvieran construidas en su totalidad. Esto indica falta de coordinación en su labor: el ritmo de construcción, más lento de lo planeado, no ha sido coherente con las dinámicas de compras públicas de equipamiento para las sucursales. Actualmente, hay en promedio menos de una persona por sucursal en operación. La falta de planeación y gestión del proyecto impacta en la plantilla laboral. Hay 674 personas encargadas de atender la totalidad de las sucursales, un número bajo de personal al considerar las sucursales actualmente en operación.
Opacidad en la información pública. La información del gasto para la construcción de las sucursales no está disponible. Los contratos públicos realizados por la Sedena se refieren a compras de equipamiento, por lo que falta conocer en qué se ha gastado 74% del presupuesto asignado para la construcción de sucursales.
Aunque existe la obligación de publicar la información de compras públicas, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en Compranet, el nivel de publicación de los documentos es insuficiente. El 49% de los contratos de la Sedena y 26% del Banco del Bienestar en 2021 no fueron publicados en las plataformas oficiales de compras públicas, lo que implica un incumplimiento de la ley de transparencia.
