Sin que hasta ahora se conozca su destino, en 2018 el gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas dispuso de más de mil millones de pesos en efectivo utilizando un esquema de empresas fantasma, según un reportaje de Animal Político.
En la investigación “En efectivo y en camionetas blindadas: así desaparecieron más de mil millones de pesos en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas”, firmado por Manu Ureste y Arturo Ángel, se documenta que en ese año 2018 las secretarías de Seguridad, de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer entregaron recursos a tres empresas que han sido declaradas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dichas empresas habían sido declaradas por el SAT como irregulares pues no contaban con la infraestructura ni con el material requeridos para realizar los servicios a los que se comprometieron. Además, sus presuntos dueños son “empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos”.
La empresa fachada Comercializadora TGZ recibió de las tres dependencias mencionadas 813 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social dio 174 millones a Comercial Abastecedora Chloe, y 174 millones a Conseil D’affaires Belayage (que habría recibido más). En total, mil 161 millones.
Lo inusitado es que esas empresas trasladaron los recursos en efectivo a otras empresas fantasma, donde se pierde el rastro del dinero, señala la investigación periodística.
Según información de Hacienda, las empresas fantasma tienen un mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, quien declaró que sólo fue contratado para liquidarlas en 2020 por falta de ingresos, pese a los recursos que recibieron de las dependencias del gobierno chiapaneco.
El gobernador Manuel Velasco Coello respondió por escrito a los reporteros Manu Ureste y Arturo Ángel, que su gobierno fue de los más auditados entre 2012 y 2018, que sus contrataciones de bienes y servicios fueron realizadas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios del Estado.
Asimismo, uno de los operadores políticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comentó que las empresas proveedoras no estaban impedidas legalmente para establecer contratos con el gobierno. Manifestó que cooperará con las autoridades en las investigaciones del caso.
